Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad en una dependencia de Boulogne, volvieron a tomar estado público y generaron un fuerte repudio.

El episodio ocurrió en noviembre de 2023, poco antes de que Montes asumiera su banca. La causa fue investigada por la Justicia bajo la carátula de abuso sexual y derivó además en un acuerdo en el fuero civil, mediante el cual el edil se comprometió a pagar una indemnización de 12 millones de pesos a la víctima en cuotas.

Según trascendió, la controversia resurgió debido a que el concejal se habría atrasado en los pagos establecidos en ese acuerdo. A partir de esa situación, el juzgado interviniente lo intimó a regularizar la deuda y los detalles del caso volvieron a quedar expuestos públicamente.

Durante el proceso, Montes intentó justificar su conducta al señalar que se trató de "un chiste", argumento que fue rechazado por quienes cuestionan su permanencia en el cargo. La difusión de las imágenes provocó una fuerte repercusión política y social en San Isidro.

Desde el bloque de Fuerza Patria reclamaron la inmediata destitución del concejal y exigieron que el Concejo Deliberante analice su situación. Mientras tanto, el caso continúa generando debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y las consecuencias institucionales de hechos vinculados a violencia y acoso en ámbitos laborales.

Tacacho había denunciado en 14 oportunidades a su exalumno Mauricio Parada por acoso, pero todas fueron desestimadas. En octubre de 2020, el hombre la asesinó y luego se suicidó.

La Cámara Contencioso Administrativa estableció que tanto el Estado como el magistrado ignoraron de manera sistemática las denuncias, lo que dejó a la víctima sin protección. El fallo sienta un precedente al reconocer la responsabilidad institucional en casos de violencia de género.

Mariela, madre de Paola, expresó que la sentencia confirma lo que siempre sostuvo: “El Estado es responsable del femicidio de mi hija. La abandonaron y hoy nos dan la razón”. Además, remarcó que la lucha de la familia nunca fue por dinero, sino por justicia y por señalar la responsabilidad de las autoridades.

En las últimas horas, fue detenido en Balcarce un hombre 40 años por haber acosado a un niño de 11 años a través de mensajes de Whatsapp.

La denuncia fue radicada por la madre del menor el pasado 9 de abril ante la Fiscalía General donde relató que su hijo de 11 años había comenzado a recibir mensajes de WhatsApp de alguien que se presentó como “Mati”, al cual no tenía agendado el niño, y que mostraba interés sexual, aun conociendo su minoría de edad.

El hecho comenzó a ser investigado por el fiscal Rodolfo Moure, con la participación del personal de la SUBDDI de Balcarce, que le tomaron declaración a la denunciante y extrajeron la conversación de WhatsApp entre el niño y “Mati”.

De esta manera, con la colaboración de la empresa prestataria de servicio de telefonía celular, identificaron a un hombre, como así también su lugar de residencia.

El fiscal Moure solicitó allanar la vivienda del acusado, en calle 12 entre 3 y 5 de Balcarce, por lo que el operativo se realizó el lunes.

Además de detener al sospechoso, de 40 años, la policía secuestró una tablet, una notebook, tres DVD sin rotular, un pen drive, dos memorias externas y un celular.

El hombre quedó imputado por grooming, sin que se tomaran medidas contra su libertad.

¿QUÉ ES EL GROOMING?

El grooming es el accionar de un adulto que se comunica con un niño a través de medios digitales y se hace pasar por alguien de su edad con el fin de obtener algún tipo de resultado sexual.

El grooming es una conducta extorsiva (“si no hacés esto, yo haré aquello”) que se da a partir de una manipulación de un adulto a un menor.

Este accionar se puede manifestar de diferentes formas: puede ser que el adulto demande que se le envíen imágenes, videos o información íntima; o que intente concretar encuentros en persona, lo que puede derivar en abuso sexual o en trata de personas. Desde diciembre de 2013 el Código Penal establece que el grooming es un delito que puede tener una pena de prisión de 6 meses a 4 años.

En las últimas horas, un joven de 18 años, bajo el seudónimo de T.S.P., ha presentado una denuncia por presunto abuso sexual gravemente ultrajante contra Carlos Perciavalle, conocido actor y productor teatral uruguayo. Asimismo, ha acusado al esposo de Perciavalle, identificado como Jimmy Castilhos.

Según la denuncia, el presunto incidente ocurrió el 18 de marzo de este año en la zona Oeste del Conurbano Bonaerense, específicamente en la localidad de Morón.

El medio Infobae logró acceder a la denuncia completa y obtuvo información adicional tras consultar con el equipo legal que representa a la presunta víctima, compuesto por tres abogados.

Según fuentes del medio, la investigación está siendo llevada a cabo por la Fiscalía N°8 del departamento judicial de Morón, a cargo de Adriana Suárez Corripio, quien ya ha imputado a ambos sospechosos.

La denuncia detalla que T.S.P. mantenía una relación laboral informal con Perciavalle, la cual, según sus declaraciones, transcurría sin incidentes hasta el 18 de marzo pasado, día en que asistió a una reunión de trabajo con el productor y su esposo.

“Una vez finalizada la reunión laboral, estas personas me invitaron a compartir tiempo de ocio con ellos dos, dirigiéndonos en su vehículo hacia el Oeste de la provincia de Buenos Aires, a la localidad de Morón”, relató el denunciante.

Y explicó que “durante el viaje, Jimmy Castilhos, quien manejaba el vehículo, manifestó verbalmente que poseía un contacto en las mediaciones de Morón, quien le facilitaría marihuana”.

Más tarde, el presunto afectado relató que, en el asiento trasero del automóvil, junto a él, se encontraba otra persona llamada Daniel, quien es señalado como el primero en hacerle insinuaciones groseras: “Este señor empezó a hablarme al oído, diciéndome: ‘Gordito hoy te partimos… Los pendejos me calientan más”.

En ese momento, el joven recordó haber sacado su teléfono celular del bolsillo del pantalón, momento en el que el esposo de Perciavalle le dijo: “Dejá el teléfono, pendejo, déjanos curtir el mambo”.

Y siguió: “Una vez en Morón, nos encontramos con una persona en una moto blanca de alta cilindrada. Carlos se dirigió al vendedor y le dio dinero en efectivo, diciéndole a continuación: ‘Cualquier cosa, si necesito más, te pido; porque hoy la noche es larga’”.

Después de eso, el denunciante describió un incidente que implicaba al esposo del productor uruguayo: “Cuando arranca el vehículo, Jimmy se da vuelta y me mete mano de manera violenta entre mis vestiduras, diciéndome: ‘Te damos 100 dólares si te dejás… por los tres’”.

Siguiendo la denuncia, sería Perciavalle quien intervino: “Estas personas seguían amenazándome que me iban a dejar a pie. Fue ahí en dónde Carlos me vuelve a decir groseramente: ‘Dale, si a vos te gustan estas cosas, si toda la farándula de Uruguay anduvo en ese cuerpo’”.

Después, T.S.P. mencionó que les pidió que lo dejaran descender en una estación de servicio. “Se negaron rotundamente, y comenzaron a decirme frases como ‘encima que no querés coger, te tenemos que llevar a pasear por todos lados’”, describió en su declaración.

Por último, el joven indicó que lo llevaron a un apartamento, donde Perciavalle, su esposo y Daniel se retiraron a una habitación mientras él permanecía en otra. Sin embargo, no ofreció detalles sobre cómo abandonó ese lugar.

El extenista David Nalbandian fue denunciado por su ex pareja por presunto acoso sexual y hostigamiento. Araceli Torrado, con quien el deportista mantuvo una relación amorosa, afirmó le colocó una cámara en el ventiluz de su casa, a través de la que se podía controlar sus movimientos en tiempo real.

Torrado es una modelo rosarina con quien Nalbandian mantuvo una relación durante varios meses. Además, él reconoció en un mensaje de audio haber instalado la cámara, pero afirmó que “nunca” había visto nada porque el dispositivo no funcionaba.

La pareja salió entre febrero y junio, y compartió un departamento en el barrio porteño de Palermo, adonde ella continuó viviendo un tiempo más después de la separación. Allí descubrió, estando con su hermano, una cámara de seguridad instalada detrás de una salida de ventilación.

Según consta en la denuncia, el hermano de Torrado retiró la tapa con un destornillador y descubrió la cámara de seguridad conectada con varios cables para ser monitoreada en vivo y en directo. Entonces presentó la denuncia ante la Justicia que, en un primer momento, la archivó por falta de pruebas.

Con audios y mensajes de Nalbandian admitiendo lo sucedido, Torrado apeló la decisión. El abogado de la joven, Martín Olari Ugrotte, afirmó que, de esa manera, se logró que la investigación fuese reabierta.

Una maestra de 33 años que estaba al frente de dos cursos mixtos de sexto grado de la Escuela N°58, ubicada en 18 y 71, en la capital bonaerense, fue denunciada por la madre de un alumno por acoso sexual a través de las redes sociales, delito conocido como “grooming”.

“De a poco va a hablando mi hijo, que es con quien arrancamos la denuncia, y hay posibilidad de que sea sometido a Cámara Gesell porque tenemos poca información y lo que pudimos juntar es a través de algunos mensajes que encontramos”, señaló Brenda, la madre de un niño de 12 años, víctima de la docente.

De acuerdo a la denuncia, asentada en la DDI de La Plata, la docente mantenía un vínculo “de mayor confianza que las otras maestras” con los estudiantes. Alertada por otra madre, Brenda encontró conversaciones entre su hijo y la docente en el perfil de Instagram del niño y en la aplicación de mensajería WhatsApp donde la trataba como si “fuera su novia”. Además, expresó que por pedido de la maestra el niño había dejado de frecuentarse con una nena del otro grado porque ella estaba “celosa”.

La madre del niño también expuso que encontró imágenes en la papelera del celular donde se ve a la docente mostrando el escote y un tatuaje en el glúteo. “Ella les pasó su número de celular y se comunicaba con todos”, precisó la mujer y agregó que a su hijo le enseñó cómo “configurar el celular para que ya no tenga copia de seguridad, de manera que ahora no podemos recuperar conversaciones”.

Tras el reclamo ante las autoridades de la escuela, la maestra fue separada de su cargo, y personal del gabinete psicopedagógico se puso a disposición de las familias y los estudiantes.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°18 y el Juzgado de Garantías N°2.

Dentro del marco de Protección a la Víctima, personal de la División de Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino de la Policía Federal Argentina, se identificó y contuvo a mujeres víctimas de grooming en Rojas y General Arenales.

El personal policial junto a un equipo de psicólogos contactó a las dos posibles víctimas, se las entrevistó y se informó a sus familiares y convivientes de la situación para ofrecerles contención, informó Diario Núcleo.

Las diligencias fueron solicitadas a través de la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Cyber-pedofilia y Grooming de la UFI 1 a cargo del Departamento Judicial Junín, quienes dieron intervención a la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y la Adolescencia, Departamento Cybercrimen de la PFA, quien a su vez solicitaron la colaboración de la DUOF Pergamino para su intervención.

Grooming es el acoso sexual de una persona adulta a una niña, un niño o un adolescente por medio de internet. Las personas que realizan grooming se llaman groomers o acosadores.

La Policía Federal detuvo a un profesor de biología denunciado por acosar a varias alumnas de a comunidad educativa de una reconocida institución de la localidad bonaerense de Pilar.

Durante la investigación se constató que, luego de su clase, el agresor se contactaba con distintas adolescentes a través de WhatsApp a las cuales les insinuaba llevar adelante actos sexuales.

La denuncia fue realizada por uno de los padres de las damnificadas luego de que apuntara que el presunto abusador se comunicaba por medio de WhatsApp y les enviaba material pornográfico.

Luego de varios meses "se logró la identificación del agresor, determinando categóricamente su condición de profesor de una escuela secundaria de mujeres".

"Asimismo se estableció también, que meses atrás, había sido denunciado por su ex mujer por producirle “tocamientos" a la hija en común de ambos de cinco años", detallan en el expediente.

Con todos estos elementos obtenidos, la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos de Trata de Personas y Pornografía Infantil del Departamento Judicial de San Isidro a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, emitió la orden de detención sobre el individuo y la respectiva orden de allanamiento de su domicilio.

"Cumplimentada la medida judicial, los detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales, lograron la captura del pedófilo y un importante secuestro de dispositivos electrónicos y de almacenamiento, pertenecientes al acusado", completaron.

Todos estos objetos serán peritados por expertos para corroborar la cantidad de material que el agresor poseía. La Fiscalía aún se encuentra recogiendo nuevos testimonios de otras alumnas que también ratifican la obscena conducta del profesor de biología.

La detención del profesor de biología ocurrió una semana después de que otro docente de matemática fuera aprehendido el martes, tras haber sido denunciado por una adolescente de 16 años por presuntamente haber sido ultrajada por este en una fiesta organizada en el barrio de La Cumbre, La Plata.

Como nuestro medio adelantara, una joven de 25 años fue asesinada de siete tiros por un compañero de trabajo. El hecho ocurrió en la localidad de Saladillo, en un negocio de alarmas ubicado en la calle Frocham al 2800.

Según la agencia Télam, el femicida es un empleado de la firma, identificado como Renzo Eduardo Chidichimo (25), quien llegó al local fuera de su horario laboral y se dirigió directamente a un cuarto donde se realizan los monitoreos de las cámaras de seguridad.

La joven había denunciado al agresor en reiteradas ocasiones por "acoso" y "maltrato", por lo que una de las medidas adoptadas fue el cambio de horario de trabajo para evitar que se cruzaran en el local.

La víctima, Rocío Magalí González, trabajaba junto a otra empleada cuando, siin mediar palabra, Chidichimo desenfundó un revólver y disparó al menos siete veces en dirección a la joven, quien fue herida de gravedad y trasladada al sanatorio local, donde falleció.

Tras el ataque, el agresor escapó y es intensamente buscado por agentes de la comisaría local y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, con la cooperación de las brigadas locales y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la policía bonaerense.

El femicidio es investigado por la fiscal Patricia Hortel, encargada de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Saladillo, quien dispuso que el cuerpo de González sea trasladado a la morgue judicial de la ciudad de La Plata para la realización de su autopsia.

"Fueron segundos los que duró el ataque. Fue directamente a lograr su cometido", detalló un investigador. La fiscal tiene previsto entrevistar en las próximas horas a la mujer que estaba trabajando junto a la víctima al momento del hecho y solicitó además que se revisen las cámaras de seguridad internas de la empresa.

Con el fin de dar con el fugitivo, los pesquisas analizan las cámaras de seguridad privadas y públicas y los accesos a las rutas, al tiempo que desde la fiscalía se solicitó ayuda a la comunidad de Saladillo para que brinde información sobre el paradero del acusado.

Las denuncias previas

Voceros judiciales indicaron que la víctima había realizado una denuncia contra Chidichimo a fines del 2022 y otra en mayo de este año por maltratos, acoso laboral y violencia psicológica.

"Las denuncias fueron realizadas en la comisaría de la mujer, pero fueron ante el fuero civil, no penal, por eso las actuaciones se derivaron a un Juzgado de Paz, que tomó medidas cautelares", explicó un vocero.

Según un miembro de la pesquisa, Chidichimo, quien vivía junto a su madre, "no hablaba con nadie, no tenía amigos ni estaba en pareja". En tanto, González residía en Saladillo junto a su madre y tampoco estaba en pareja, añadieron las fuentes.

El abogado Juan Pablo Gallego, apoderado del Comité Argentino de Aplicación y Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (Casación) y consultor de Unicef, afirmó en una entrevista con Télam que los jueces no tienen argumentos para declarar prescriptos los delitos sexuales contra menores en Argentina.

Gallego explicó que la prescripción en estos casos no se rige por el régimen general de prescripciones establecido en el Código Penal, sino que se rige por la legislación específica que existe en Argentina. En este sentido, recordó la aprobación en 2011 de la "Ley Piazza" que establece que el cómputo en los casos de abuso sexual a menores se realiza a partir de la mayoría de edad de la víctima y en 2015 se aprobó la norma conocida como "respeto a los tiempos de las víctimas" que establece que el cómputo se realiza a partir del momento de la denuncia.

El abogado destacó que ya hay varios fallos condenatorios en Argentina a partir de esta legislación y cuestionó la decisión de algunos jueces de declarar la prescripción en casos como el de Jey Mammon, donde los delitos denunciados ocurrieron en 2008 y fueron denunciados a finales de 2020.

Gallego consideró que es necesario que la Corte Suprema de Justicia establezca una doctrina de aplicación generalizada en estos casos y que el Congreso reforme la ley para indicar expresamente que no aplica el principio general de prescripción previsto en el Código Penal para los delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes.

Además, Gallego mencionó la existencia de "juicios por la verdad" en la ciudad y la provincia de Buenos Aires para estos delitos, que funcionan como un factor intermedio de reparación para las víctimas y que permiten establecer la culpabilidad del abusador y una reparación para la víctima, aunque no se puede imponer una pena porque la causa está prescripta.