El pronunciamiento fue firmado por el procurador general interino, Eduardo Casal, quien recomendó a la Corte Suprema rechazar las demandas presentadas por los municipios de Río Grande y José C. Paz, que habían cuestionado la medida impulsada por el Gobierno nacional.

El eje de la discusión es la Resolución 267/2024, que establece que las facturas de servicios públicos solo deben incluir el costo del servicio contratado. Es decir, una boleta de luz debe reflejar únicamente el consumo de electricidad y no otros conceptos, como tasas municipales o contribuciones locales.

Según el dictamen de la Procuración, esta decisión no afecta la autonomía de los municipios, ya que las comunas siguen teniendo la posibilidad de cobrar esas tasas, pero deberán hacerlo mediante otros mecanismos y no a través de las facturas de las empresas prestatarias.

La controversia comenzó en 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios los impuestos y tasas municipales que muchas ciudades cobraban junto con esos comprobantes. Varios municipios recurrieron a la Justicia y algunos obtuvieron fallos favorables. Incluso, la Justicia Federal de San Nicolás declaró inconstitucional esa resolución.

En paralelo, dirigentes de La Libertad Avanza presentaron proyectos en más de un centenar de concejos deliberantes bonaerenses para reducir o eliminar tasas municipales. La iniciativa fue cuestionada por el gobernador Axel Kicillof, quien sostuvo que el peso de esas tasas representa una porción muy pequeña del costo total de los servicios y de la economía en general.

Ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tendrá la última palabra y deberá definir si el Gobierno nacional puede impedir definitivamente que los municipios incluyan sus tasas en las boletas de los servicios públicos.

La inflación de junio fue de 1,9%, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en doce meses y confirmó la desaceleración. Este, a su vez, fue el valor más bajo en diez meses, tras aquel 1,9% de agosto de 2025.

Poco después de las 16, el ministro Luis Caputo celebró el índice en redes sociales: “La inflación núcleo fue de 1,6% mensual. La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado”. A su vez, Caputo destacó el comportamiento de los distintos rubros: “A nivel de divisiones, la variación en ‘Alimentos y bebidas no alcohólicas’ fue de 1,3%, en tanto ‘Prendas de vestir y calzado’ registró una suba de 0,4%. Esta última división exhibió una variación de 11,9% interanual”. Siempre de acuerdo con el ministro, “la media móvil de tres meses disminuyó 0,5pp en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación”.

De nuevo al índice del organismo, la última vez que la tasa inflacionaria registró un alza fue en marzo, después de haber alcanzado un valor de 3,4%. En los meses siguientes, la tendencia se consolidó a la baja y alcanzó el tercer mes consecutivo de retracción: abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%).

En lo que va del año, la inflación acumula 16,8% en el primer semestre. De acuerdo con el Indec, la división que mostró el mayor incremento mensual fue “Recreación y cultura”, con un alza de 4,2%, impulsada principalmente por los aumentos en paquetes turísticos. Le siguió “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que avanzó 3,3% por las subas en alquileres y tarifas. En el otro extremo, las menores variaciones correspondieron a “Prendas de vestir y calzado” (0,4%) y “Comunicación” (0,9%).

La posibilidad de un escenario de lluvias extraordinarias, crecidas de ríos e inundaciones para el segundo semestre del año por el fenómeno de El Niño volvió a generar preocupación en la provincia de Buenos Aires de cara a la segunda mitad del año. Ante ese panorama, el Gobierno bonaerense reforzó su esquema de prevención y coordinación para afrontar eventuales emergencias climáticas.

La inquietud se incrementó en los últimos días luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), difundiera un plan nacional de prevención centrado en la Cuenca del Plata. En la Provincia reconocen que se esperan crecidas, aunque aclaran que la alarma generada durante el último fin de semana fue mayor a lo que, por ahora, indican los pronósticos.

En ese contexto, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, encabezó una nueva reunión del Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE), donde se repasaron las medidas previstas en el Plan de Gestión del Riesgo Climático para fortalecer el monitoreo, la prevención y la capacidad de respuesta frente a los eventos extremos asociados a El Niño.

En Argentina, el nivel de alerta comprende a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido al impacto que podría tener El Niño sobre la cuenca del río Paraná y los principales cursos de agua de la región.

A nivel provincial, e foco de mayor preocupación sigue puesto en el norte bonaerense y en las localidades atravesadas por la cuenca del río Paraná, donde los pronósticos climáticos anticipan un aumento de las precipitaciones y una posible crecida del curso de agua durante la primavera. En ese escenario, las autoridades monitorean la evolución del fenómeno para anticipar eventuales desbordes e impactos sobre centros urbanos, caminos rurales y áreas productivas.

La convocatoria corresponde al área denominada CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte (CAN), dentro de la Plataforma Continental Argentina, a más de 170 kilómetros del punto costero más cercano, en inmediaciones de Mar del Plata.

La superficie a explorar alcanza aproximadamente los 5.000 kilómetros cuadrados y la iniciativa surge a partir del interés presentado por la empresa británica Challenger Energy Group PLC, que busca desarrollar tareas de exploración offshore.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es incrementar la producción nacional de hidrocarburos y profundizar el conocimiento sobre el potencial energético del Mar Argentino, promoviendo nuevas inversiones en el sector.

La Secretaría de Energía será la encargada de elaborar los pliegos, llevar adelante el proceso licitatorio y otorgar los permisos correspondientes para la exploración y, eventualmente, la explotación del recurso.

El área CAN_200 forma parte de una de las principales cuencas offshore del país, donde en los últimos años ya fueron adjudicados otros bloques como CAN-100, CAN-108, CAN-114 y CAN-102, con participación de empresas como YPF, Shell y Equinor.

La medida busca fortalecer la asistencia alimentaria que reciben diariamente miles de estudiantes bonaerenses mediante la recomposición de los valores destinados a desayunos, meriendas, comedores y prestaciones especiales.

Con la actualización, los nuevos montos por alumno serán los siguientes:

Desayuno o merienda: $715.
Comedor: $1.478.
Desayuno o merienda adaptado por patologías: $1.032,90.
Comedor adaptado por patologías: $1.686.
Desayuno o merienda "Listo Consumo": $1.425.
Comedor "Listo Consumo": $2.849.
Albergues y residencias: $4.386.

Desde el Consejo Escolar de Junín señalaron que la actualización permitirá mejorar el acompañamiento alimentario que brinda el Estado provincial a los alumnos que asisten a establecimientos educativos alcanzados por el programa.

El Servicio Alimentario Escolar constituye una de las principales políticas de asistencia nutricional en las escuelas bonaerenses, garantizando desayunos, meriendas y almuerzos a estudiantes de distintos niveles educativos en toda la provincia.

Los terrenos, que habían sido destinados a desarrollos urbanísticos y quedaron con obras paralizadas, suman una superficie total de 39.061 metros cuadrados y tienen un valor base conjunto de US$ 11.297.374,58. La operatoria se realizará mediante el sistema electrónico SUBAST.AR.

En Junín, el predio ubicado entre las calles San José Obrero, Intendente Borchex, Capitán Vargas y Chacabuco cuenta con 21.347 metros cuadrados y una base de US$ 7.061.772,57. Allí quedaron inconclusas 149 viviendas, cuya obra había alcanzado cerca del 50% de avance y había generado una inscripción de 1.850 familias para el sorteo.

En Mercedes, en tanto, se subastará un terreno ubicado sobre Acceso Manuel San Martín 3300, con una superficie de 17.714 metros cuadrados y una base de US$ 4.235.602,01. El predio contaba con 141 viviendas sin terminar y forma parte de la venta de inmuebles que el Estado impulsa dentro de la revisión de fondos fiduciarios públicos.

El fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, dejó sin efecto la resolución del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado mantener los pagos del programa Volver al Trabajo hasta que el Estado implementara una política pública alternativa que garantizara un nivel de protección equivalente para los beneficiarios.

Los camaristas indicaron que mantener vigente el programa mediante una medida cautelar implicaba un "adelantamiento del veredicto final", y destacaron que el Ejecutivo tiene la facultad de diseñar, modificar o finalizar programas sociales.

En este sentido, la decisión, a favor del recurso presentado por el Gobierno de Javier Milei, argumenta que la continuidad forzada del programa representaba una intromisión judicial y consolidaba la permanencia de un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales.

La medida fue establecida mediante la Resolución General 5875/2026, publicada en el Boletín Oficial, e incluye obligaciones con sus intereses, retenciones y percepciones impositivas, además de multas aplicadas hasta esa fecha. La adhesión al plan no implica la reducción de intereses ni la eliminación de sanciones.

El régimen contempla algunas exclusiones, entre ellas anticipos y pagos a cuenta, aportes destinados a obras sociales, cuotas de ART, obligaciones de trabajadores de casas particulares y planes de pago vigentes. Tampoco podrán acceder quienes tengan condenas firmes por delitos tributarios o aduaneros.

Las micro y pequeñas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro podrán financiar sus deudas generales en hasta 18 cuotas y retenciones en hasta 9 cuotas, con un pago a cuenta del 5% y una tasa mensual del 2,75%. Para medianas empresas, el límite será de 15 cuotas para obligaciones generales y 7 para retenciones, con un anticipo del 10%.

Carbano era intensamente buscado desde fines de junio, luego de que su vivienda, ubicada en las calles 13 y 4 de esa localidad del Partido de La Costa, se incendiara en circunstancias que comenzaron a despertar sospechas entre los investigadores. Días más tarde apareció abandonada su camioneta y, finalmente, el viernes pasado, un operativo encabezado por Bomberos Voluntarios, Policía Científica y la Brigada K9 permitió encontrar el cuerpo enterrado entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11, a aproximadamente un kilómetro del lugar donde había sido localizado el vehículo.

Con el avance de la investigación, la Fiscalía dispuso la detención de un adolescente de 17 años y de Damián Aníbal Maciel, de 31, quienes en un primer momento habían declarado como testigos. Sin embargo, las inconsistencias detectadas en sus testimonios y otras pruebas incorporadas a la causa hicieron que pasaran a ser los principales sospechosos.

La principal hipótesis de los investigadores indica que ambos mantenían una relación de confianza con la víctima y solían concurrir a su domicilio. Según trascendió, durante uno de esos encuentros se habría producido una fuerte discusión que terminó con el asesinato del ex policía.

La autopsia confirmó que Carbano murió como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza. Los investigadores creen que, tras el crimen, los sospechosos trasladaron el cuerpo en la camioneta de la víctima hasta la zona de los médanos, donde lo enterraron con el objetivo de ocultar el homicidio.

En el marco de la causa, durante cinco allanamientos realizados el sábado fueron secuestrados 12 teléfonos celulares, una notebook, herramientas, una pala, un hacha, machetes, una barreta, una cadena y una frazada con manchas de sangre. Todos estos elementos serán sometidos a pericias para determinar su vinculación con el crimen.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia del Departamento Judicial Dolores, que busca reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos.

El proyecto fue presentado por el senador de La Libertad Avanza Enzo Fullone y cuenta con el acompañamiento de la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, además de otros legisladores del espacio. La propuesta integra el paquete de iniciativas que el Gobierno nacional pretende impulsar durante el segundo semestre.

La norma prevé un régimen con una vigencia de 24 meses, pensado para resolver contratos de obras que, en algunos casos, permanecen abiertos desde hace más de veinte años. El mecanismo establece que el Estado abonará una suma final, calculada sobre criterios técnicos y objetivos, a cambio de que las empresas renuncien de manera definitiva a iniciar o continuar reclamos judiciales o administrativos relacionados con esos contratos.

Entre los incentivos previstos para las contratistas figuran la condonación de multas generadas durante la paralización de las obras, la liberación de garantías y la posibilidad de regularizar su situación en el Registro de Constructores, siempre que no existan responsabilidades por dolo o culpa grave. A su vez, las empresas deberán desistir de reclamar indemnizaciones por lucro cesante u otros conceptos derivados de la interrupción de los trabajos.

Uno de los ejes del proyecto es la creación de una "certificación de cierre", un documento mediante el cual el Estado reconocerá un pago único para compensar gastos como el mantenimiento de obradores, vigilancia o acopio de materiales. Ese monto surgirá de un informe técnico que analizará el avance de la obra, el tiempo de paralización, las causas que motivaron su interrupción y la conveniencia de cerrar el expediente.

La iniciativa busca poner punto final a miles de contratos que continúan abiertos pese a que muchas obras fueron concluidas parcialmente, quedaron inconclusas o nunca se reanudaron. Para el Gobierno, el objetivo es ordenar administrativamente estas situaciones, disminuir la exposición del Estado a futuros juicios y brindar mayor previsibilidad en materia de obra pública.