Uno de los principales problemas vinculados al burnout tiene que ver con el uso de los dispositivos celulares, que impiden la desconexión de los trabajadores con respecto a sus lugares de trabajo.

En este marco, la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA) dirigió una carta al director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, pidiendo "que se termine la práctica de la comunicación y/o información y/o notificación desde y hacia los docentes, a través del uso de los dispositivos celulares fuera del horario de trabajo y se establezcan los mecanismos para que cada institución educativa cuente con el equipamiento tecnológico adecuado, incluyendo teléfonos de línea con capacidad para comunicarse con celulares, garantizando así una interacción eficiente entre las escuelas y las familias".

Además, reiteraron que el cuaderno de comunicación debe mantenerse como la herramienta principal de vínculo entre docentes y familias, evitando cargas adicionales innecesarias.

La carta completa:

Desde la UNIÓN DE DOCENTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UDOCBA), queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la creciente sobrecarga de tareas que afecta a los trabajadores de la educación, cuestión que hemos planteado de manera constante en cada encuentro paritario y en cada ámbito de discusión de las condiciones de trabajo de los docentes de la provincia de Buenos Aires.

Observamos que parte de esta sobrecarga se debe a la comunicación de cuestiones socioeducativas, laborales y pedagógicas a través de dispositivos celulares, tanto desde los niveles jerárquicos y de supervisión como en la comunicación desde y hacia las familias.

Durante la pandemia, los docentes compartieron solidariamente los números de contacto de sus dispositivos celulares personales para garantizar la continuidad pedagógica. Ahora bien, en la actualidad, en plena presencialidad y sin los efectos nocivos de la pandemia, esta práctica ha generado una sobreconexión en cuestiones laborales, causando estrés y extendiendo su jornada laboral más allá de lo que corresponde. Es fundamental que la comunidad educativa -Estado, escuelas y familias comprenda que el uso del celular en este contexto no es necesario y, de hecho, contribuye al agotamiento de nuestros docentes.

Considerando que la Dirección General de Cultura y Educación es nuestro empleador, creemos que tiene la responsabilidad de garantizar condiciones laborales que resguarden la salud de los docentes. Para ello, es imperativo recuperar el espacio de calidad laboral, estableciendo procedimientos administrativos y/o de comunicación y/o de notificación institucionales que eviten la dependencia de los teléfonos personales de los trabajadores.

En este mismo sentido, para un trabajador es tan importante trabajar como tomarse el debido descanso laboral entre jornada y jornada, por lo que, desde la UDOCBA solicitamos que se termine la práctica de la comunicación y/o información y/o notificación desde y hacia los docentes, a través del uso de los dispositivos celulares fuera del horario de trabajo y se establezcan los mecanismos para que cada institución educativa cuente con el equipamiento tecnológico adecuado, incluyendo teléfonos de línea con capacidad para comunicarse con celulares, garantizando así una interacción eficiente entre las escuelas y las familias. Además, reiteramos que el cuaderno de comunicación debe mantenerse como la herramienta principal de vínculo entre docentes y familias, evitando cargas adicionales innecesarias.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, anuncia la apertura de la inscripción al Programa de Vouchers Educativos: la iniciativa que acompaña a familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas de gestión privada que reciben un aporte estatal superior al 75%.

El programa, que se lanzó el año pasado, está orientado a contribuir con el pago de los gastos escolares de estudiantes de hasta 18 años. Para postularse, el adulto responsable debe registrarse en Mi Argentina y completar el formulario en la plataforma del Programa, con los datos de los menores a su cargo, incluyendo nivel educativo, grado e institución a la que asisten.

Las instituciones adheridas al programa deberán certificar la regularidad académica de los estudiantes a través de la plataforma habilitada.

CÓMO ACCEDER

¿Quiénes pueden solicitar el Voucher Educativo?

Familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75 % de aporte estatal.

¿Qué debo tener en cuenta antes de completar el formulario de inscripción?

Deberás brindar datos del adulto responsable, de los menores a cargo y de la escuela a la que asisten.

Es importante contar con:

• Número de DNI y número de CUIL de los menores a cargo.
• Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.
• Tu CBU actualizado en Mi ANSES.
• Estar registrado en Mi Argentina

Durante las últimas semanas distintos colegios bonaerenses fueron escenario de peleas salvajes y amenazas entre los alumnos.

El viernes de la semana pasada en la Escuela Media Nº4 de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar,  cuatro estudiantes de entre 14 y 16 años, crearon el grupo “Tiroteo escolar”, con el supuesto objetivo de realizar un ataque armado dentro de la institución.

En General Rodríguez, tres chicos dejaron internado a un compañero tras darle una golpiza en el patio del colegio; y en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, una adolescente de 14 años hirió este lunes con una navaja a una compañera de curso de su misma edad en el instituto privado Santa Doménica.

Ante estos hechos, la dirección General de Cultura y Educación de la provincia, emitió el siguiente comunicado:

En estos días han tomado notoriedad pública una sucesión de hechos de violencia social que tienen a adolescentes y jóvenes como protagonistas y en algunos de estos casos, la escuela ha sido el escenario en el que ocurrieron. El sistema educativo no es indiferente ante estos sucesos, y es por eso que nos proponemos hacer una pausa para compartir algunas reflexiones:

Al mismo tiempo que valorizamos el rol del Estado en la construcción de una sociedad más justa, reconocemos su responsabilidad respecto de la vida, seguridad y el ejercicio de los derechos de las personas.

La escuela no es una institución neutral con relación a las situaciones de agresión, violencia y desvínculo que hoy afectan a muchos de nuestros niñas, niños, jóvenes, docentes, trabajadores auxiliares y familias. Reafirmamos su compromiso en la tarea de escuchar y poner palabras allí donde hay desconfianza y agresión entre pares o con cualquier miembro de la comunidad educativa.

Creemos que tiene un gran valor y potencia la intervención del Estado en estas situaciones, cuando lo hace de una manera integral e integrada: la Dirección General de Cultura y Educación, junto con los ministerios de Salud, Seguridad, Justicia y Desarrollo de la Comunidad realizan acciones, e incrementarán su presencia en las comunidades en las que se manifiesten los conflictos.

Como educadores que somos, tenemos plena confianza en quienes conforman la comunidad educativa. En general, los indicios de situaciones de conflicto se advierten en primer lugar en la escuela, que con frecuencia, observa lo que la sociedad muchas veces no ve o se niega a ver.

La escuela enseña a preferir la ley, porque todos necesitamos que los límites y los acuerdos sean cumplidos. Consideramos que en toda institución hay autoridades que deben ser respetadas y hay  diferentes responsabilidades, y las personas deben asumir las consecuencias de sus decisiones en cualquier condición y a cualquier edad.

En la escuela imperan las normas y leyes y se construyen acuerdos de convivencia. Actuamos en consecuencia y trabajamos para que estas prescripciones sean claras y se respeten. 

La escuela es un espacio de cuidado y escucha atenta. No creemos en los caminos del mero punitivismo, ya que castigar no es la única forma de educar. Seguiremos tomando las decisiones necesarias, para garantizar la seguridad de nuestras y nuestros estudiantes en el espacio escolar y las instancias sociales y comunitarias que estén a nuestro alcance.

En el mismo sentido, redoblaremos los esfuerzos para garantizar las medidas de resguardo y reparación, cuando las y los docentes y auxiliares sean víctimas de actos de violencia. Provienen de acuerdos paritarios que requieren el efectivo cumplimiento en el marco legal vigente.

Solicitamos que el mundo de las y los adultos actúe con la corresponsabilidad que la situación demanda. Observamos que con reiterado simplismo se deposita en la institución escolar y en sus docentes toda la responsabilidad de la educación de las niñas, los niños y adolescentes.

Somos testigos de la existencia de un contexto de agresividad y hostilidad que necesariamente impacta en la cotidianeidad de la escuela: insultos, peleas, descalificaciones son moneda corriente en la vida social, de igual modo que es fácil observar como se ha degradado la conversación pública en la sociedad argentina.

Los problemas que atraviesan a la escuela, han pasado por un proceso de gestación invisible para las y los adultos responsables; la irrupción o la visibilización de la situación conflictiva es tal vez, el corolario de un proceso latente y violento, inadvertido en sus orígenes. Las niñas, niños y adolescentes pasan en la escuela aproximadamente el 15% de sus vidas, el resto lo viven con sus familia, amigas y amigos, en las calles o en distintos entornos sociales.

Con preocupación, observamos que desde las más altas esferas de responsabilidad pública, se modeliza un discurso agresivo, que incluye la violencia verbal, el destrato y la intolerancia hacia los que opinan diferente, que en nada colabora en la formación de las personas y que está absolutamente alejado de las más elementales prácticas de la convivencia democrática.

En una sociedad que tiene sus grandes instituciones desprestigiadas, y avanza en la disolución de los lazos sociales, la escuela persiste en su tarea de enseñar, unir, abrazar y contener: “la escuela es el único lugar donde me preguntan cómo estoy”, nos dijo una estudiante en un reciente encuentro educativo.

Por otra parte, el mundo virtual y de las redes sociales en el que están inmersos muchas niñas, niños y adolescentes es un mundo sin normas, habilitado para decir y mostrar todo, para exponer y humillar sin consecuencias. En ese nuevo territorio carente de ley, el conflicto se dirime con la eliminación o el bloqueo de la otra o el otro. En las redes es tan sencillo ser humillado, como humillar, o dejar al resto fuera de juego. No debe ocurrir eso en la realidad social y comunitaria.

Muchas veces preferimos que nuestras hijas e hijos permanezcan en la seguridad de sus habitaciones frente a la inseguridad de las calles, sin percibir que en la privacidad opaca de las redes y sin la mirada de adultos responsables, están expuestos a imágenes y contenidos sumamente agresivos y deshumanizantes.

Tenemos la convicción de que es muy necesario consolidar los lazos solidarios, el encuentro con el otro y en prestar una mano al que lo necesite. No vamos a dejar que la escuela abandone la tarea de transmitir estos valores a las nuevas generaciones.

Sabemos que la inmensa mayoría de las niñas, niños y jóvenes y sus familias, no protagonizan ni sostienen estas situaciones de agresión; queremos que sepan que la escuela los cuida y va a seguir cuidándolos.

También nos dirigimos a las y los estudiantes que observan estas escenas sin intervenir y les pedimos que abandonen el rol de meros espectadores, que se comprometan para que estos hechos no ocurran nunca más. No puede ni debe haber pasividad, ni estudiantes que filmen escenas de violencia, mientras sus propias compañeras y compañeros participan de ellas.

Del mismo modo nos preocupa la salud mental de las y los estudiantes. En forma conjunta con el ministerio de Salud bonaerense estamos desarrollando el Programa “La salud mental es entre todas y todos”. Como allí hay una demanda y un problema, construimos un programa que interviene sobre el padecimiento subjetivo en las escuelas; también desarrollamos una Guía y un protocolo para intervenir en las situaciones de conflicto escolar. Junto al ministerio de Seguridad, llevamos adelante el programa “Cuidar y proteger escuelas y comunidades” en distritos del conurbano bonaerense.

Con respeto pedimos colaboración a los medios de información y comunicación, que con frecuencia, sólo exhiben a las y los jóvenes como protagonistas de escenas de violencia, alimentando prejuicios y profundizando la inclusión social. Pierden así la oportunidad de comunicar un aspecto tan destacado en las juventudes, como la solidaridad y el compromiso con su prójimo. Son estos mismos jóvenes los que solidariamente trabajaron para recuperar a la ciudad de Bahía Blanca, limpiando escuelas, hospitales y calles anegadas.

La escuela es y seguirá siendo el espacio prioritario del conocimiento, la palabra y la escucha; el lugar que la sociedad ha elegido para trazar los caminos del consenso, para prevenir, resolver y contener los conflictos, en un contexto que naturaliza la violencia y considera al otro y otra, como un extraño que puede ser peligroso.

Paulo Freire sostenía que “la paz se crea y se construye con la edificación incesante de la justicia”. La escuela es una institución diseñada para la paz, el encuentro y el respeto. Allí deben ser cuidados sus estudiantes, sus docentes, y auxiliares, quienes también son agredidos con inusual frecuencia.

Sin dejar de asumir las deudas, queremos reconocer a quienes construyen día a día, una mejor educación: a las y los estudiantes, educadores, auxiliares, cooperadores, representantes gremiales, familias.

Desde nuestra perspectiva, la escuela tiene un umbral ético más alto que la sociedad, y renueva todos los días su compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

La abogada y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP, Magalí Ledesma, comenzará el trámite administrativo para solicitar a las autoridades de la Universidad de La Plata la admisión de esta nueva asignatura. “La presentación sería en mayo cuando se abre el llamado a docentes para que presenten propuestas”, dijo a la Agencia Fueros.

La abogada, especialista en asistencia penal en casos de drogas, explicó la importancia que a su criterio tiene que los alumnos de la carrera puedan estudiar esta temática: “Una de las causas que más abundan son las relacionadas con delitos por drogas. La mayoría de los procesados y condenados son por consumo, plantación y tenencia, por lo que un abogado tiene que tener preparación específica porque son las cosas que más se ven en la calle. Todo abogado a poco de recibirse, seguro tendrá que litigar por alguna causa de esta naturaleza”, sentenció la directora del Seminario “Política de drogas y reducción del Daño”.

“Hay que tener una mirada quirúrgica cuando se tratan estos delitos, hay mucho material bibliográfico en el Derecho, sentencias que sentaron precedentes y deben estudiarse en profundidad”, explicó a Fueros, al tiempo que consideró que hay que dejar de asociar al consumo de marihuana con delito, “hay que pensar al cannabis y al cáñamo desde otro lugar y tener una política de drogas que salga de la idea prohibicionista, punitivista y abstencionista, con una mirada integral del tema, como es la industria, la agricultura, los tratamientos terapéuticos y la salud” entendió la letrada. “Por estos motivos creemos que los alumnos deben tener especificidad del tema en la Carrera”.

Ledesma agregó que una de las peticiones que hará a las autoridades académicas es que, en el Plan de estudios, se incorporen a los cultivadores de cannabis, que aportarán una mirada superior de la que puede entregar cualquier otro profesional del Derecho o incluso para la redacción de futuras leyes.

En cuanto a las posibilidades de que este pedido se concrete, la especialista señaló que, desde el año pasado, dicta un Seminario en la Facultad denominado “Políticas de drogas y Reducción de daño” que fue aprobado por la UNLP y tuvo alta repercusión entre el alumnado. “El Plan de Estudios para el Seminario fue ideado en conjunto con el Instituto de Cultura Jurídica de la UNLP, donde se trabaja en investigación científica. El primer paso ya fue dado, ahora buscamos que en lugar de Seminario sea materia. Más allá que será tema de discusión con las autoridades universitarias, imagino la materia de un cuatrimestre y para aquellos alumnos que hayan cursado los 2/3 de la carrera. La experiencia que observamos en el Seminario es que los alumnos muestran una gran atracción por el tema, ya sea por algún consumo personal, familiar o de amigos, y agradecen los conocimientos que se llevan”.

Consultada por la posibilidad de que el tema pueda interpretarse por el resto de la sociedad como una apología al consumo en el ámbito universitario, Ledesma indicó que “cuando se inició el Seminario, no fue observado por las Autoridades Universitarias con lo cual queda sentado que el tema es tratado con seriedad y profesionalismo. Los conocimientos que aportamos están basados en evidencia científica, no hay nada que temer. Queremos modificar algunos conceptos y que cuando se judicializa al consumidor de drogas, no sea abordarlo como un criminal. El cannabis tiene una legislación autónoma y los profesionales de la abogacía deben conocerla en profundidad, Hubo una lucha muy grande por la cultura cannábica para que deje de ser considerada como una droga, sin embargo, todavía no se logra”

En este sentido, Ledesma destacó la mirada de la Universidad pública, que da lugar a estos nuevos conocimientos y recordó que más allá del surgimiento de esta nueva materia - que se consolidaría como el primer caso en el país- este año se volverá a realizar el Seminario que arranca el 18 de marzo y se va a cursar todos los martes de 14 a 16 y entre las materias que se dictan están entre otras:

• Derechos humanos y consumo. Principios predominantes: derecho a la salud, derecho a la soberanía mental, derecho al placer y soberanía de los propios cuerpos
• Drogas: Drogas lícitas, ilegalizadas y farmacéuticas
• Normativa penal conexas a drogas ilícitas: Convenciones internacionales.
• Cannabis. Breve repaso histórico, militancia y cultura cannábica en el mundo y en América latina.
• Consumo y clandestinidad
• Estigma social y discriminación. Consumo en contextos vulnerables

Por último, la profesional que pertenece al equipo de ARDA (Asociación de Reducción de Daño Argentina) también brindó su mirada sobre la suspensión del Programa Reprocann por parte del Gobierno Nacional: “el programa es precario de raíz, venía a emparchar la Ley de drogas (23737) que desde mi perspectiva es la base de todos los problemas. El Reprocann fue la respuesta muy chiquita a un problema más grande. No nos sorprendió la medida, porque tarde o temprano esto iba a ocurrir. El usuario de cannabis se sintió resguardado con este programa que le permite hacer uso y consumo, producir y transportar, pero el problema real está en la Ley de Drogas y en no tener una perspectiva de Reducción de Daños. El consumo no hay que abordarlo desde el Derecho Penal sino desde la agrariedad" finalizó.