El Gobierno nacional avanza con un nuevo recorte en la estructura de Correo Argentino, en el marco del plan de ajuste impulsado por la administración de Javier Milei.
Según denuncias de la Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), ya se habrían cerrado alrededor de 300 sucursales en todo el país y la intención oficial sería profundizar la reducción con el cierre de otras 600 oficinas.
La medida vuelve a encender la preocupación en municipios del interior de la Cuarta Sección Electoral bonaerense, donde el Correo Argentino continúa siendo un servicio esencial para la vida cotidiana de miles de vecinos, especialmente en localidades rurales o alejadas de las cabeceras distritales.
En esas zonas, el servicio postal no solo cumple funciones de envío y recepción de correspondencia, sino que también interviene en la distribución de documentación oficial, cartas documento, notificaciones judiciales, paquetería y distintos trámites vinculados a organismos nacionales. Incluso, en muchos casos, forma parte de la logística electoral, lo que refuerza su rol como servicio público estratégico.
La posible reducción de sucursales genera inquietud porque en numerosas localidades no existen alternativas privadas o, si las hay, resultan limitadas para cubrir la demanda diaria de los vecinos.
La preocupación también llegó a la Legislatura bonaerense, donde se presentaron proyectos de repudio ante el eventual cierre de oficinas del Correo Argentino en distritos del interior y la posibilidad de nuevos despidos.
Desde distintos bloques legislativos advierten que una decisión de este tipo impactaría con mayor fuerza en las comunidades más alejadas de los grandes centros urbanos, donde el correo estatal sigue siendo un pilar de conectividad. “Estas acciones son una clara muestra de la falta de conocimiento del territorio, de las distancias y de las necesidades del vecino”, señalaron representantes del interior, al tiempo que remarcaron que el equilibrio fiscal “no debe lograrse a costa de servicios esenciales”.
En paralelo, desde FOECYT sostienen que la política oficial responde a un proceso de ajuste y vaciamiento de la empresa estatal. “Es una política de ajuste y vaciamiento. El correo es un servicio básico universal; quieren achicar la empresa para venderla en buenas condiciones”, expresaron desde el gremio, que además denunció cerca de 6.000 retiros voluntarios desde el inicio de la gestión y salarios por debajo de los 900.000 pesos en el sector.
Mientras tanto, la expectativa se mantiene en los municipios del interior bonaerense, a la espera de definiciones oficiales sobre el alcance del plan de reducción, en un escenario donde crece la incertidumbre entre trabajadores, intendentes y usuarios del servicio postal.
