El Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas alcanzaron un acuerdo económico que permitirá encauzar un conflicto que se había profundizado en los últimos meses y que derivó en movilizaciones y medidas de fuerza en distintos puntos del país.

Según trascendió, el entendimiento será formalizado este miércoles mediante la firma de un convenio entre las autoridades universitarias y representantes del Ministerio de Capital Humano.
La propuesta contempla una actualización salarial del 21% para docentes y no docentes a partir de los haberes de junio, a la que se sumará un incremento adicional del 3% en octubre. Las mejoras no tendrán carácter retroactivo y, además, se prevé la implementación de paritarias trimestrales ajustadas por inflación.
El acuerdo también incluye un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano y una recomposición del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Un porcentaje similar será destinado a los hospitales universitarios dependientes de las casas de estudio.
Pese al acercamiento alcanzado, el Gobierno mantendrá su presentación judicial contra la ley de financiamiento universitario, una cuestión que deberá resolver la Corte Suprema y que continúa siendo uno de los principales reclamos del sector académico.
En paralelo, persisten diferencias dentro del frente gremial universitario. Algunos sindicatos consideran insuficientes las medidas acordadas y sostienen la necesidad de continuar con las acciones de protesta.
En ese marco, la federación gremial Conadu ratificó un paro nacional de una semana entre el 16 y el 20 de junio, además de clases públicas y otras actividades de visibilización en distintos puntos del país. Desde el sector sindical remarcaron que la resolución definitiva del conflicto requiere una convocatoria formal que garantice el cumplimiento pleno del financiamiento universitario y el sostenimiento de las acciones judiciales en curso.
De concretarse la firma prevista para este miércoles, el sistema universitario nacional dará un paso importante hacia la normalización de su funcionamiento, aunque algunos reclamos estructurales continuarán abiertos.



