Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de Junín propone implementar controles toxicológicos obligatorios para funcionarios políticos y autoridades municipales. La iniciativa, impulsada por la concejal Belén Veronelli, de La Libertad Avanza, alcanza al intendente, concejales, jueces de faltas, secretarios, subsecretarios, directores y otros cargos jerárquicos.
La propuesta establece análisis aleatorios cada dos años para detectar consumo de sustancias ilegales. Los funcionarios notificados tendrían un plazo de 48 horas para realizarse los estudios, que comenzarían con un examen de orina y, en caso de resultado positivo, serían confirmados mediante pruebas de mayor precisión.
Entre los argumentos del proyecto se sostiene que quienes ocupan cargos públicos tienen responsabilidades vinculadas con la administración de recursos y la toma de decisiones, por lo que deberían cumplir estándares de control similares a los que existen en distintos ámbitos del sector privado.
La iniciativa también contempla que los costos de los análisis sean afrontados por los propios funcionarios mediante descuentos en sus haberes y que los resultados sean resguardados bajo las normas de protección de datos personales.
Más allá de su tratamiento legislativo en Junín, la propuesta ya genera interrogantes sobre su posible impacto político en la región. ¿Podría convertirse en un antecedente para que otros municipios de la Cuarta Sección Electoral impulsen medidas similares? La discusión recién comienza, pero promete abrir un debate sobre transparencia, control, privacidad y los requisitos que deben cumplir quienes ejercen funciones públicas.
Con información de Infonoroeste.
