La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó que sean citados a declaración indagatoria seis directivos de la empresa agroquímica Atanor S.A., además de cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y tres expresidentes de la Autoridad del Agua, en el marco de una investigación por presunta contaminación del Río Paraná y de los suelos de la zona de San Nicolás.
La decisión judicial revierte una etapa clave de una causa que se inició hace más de una década y que tuvo origen en una denuncia presentada por vecinos de San Nicolás de los Arroyos.
Los camaristas hicieron lugar a los recursos de apelación impulsados por el fiscal federal Matías Di Lello y por la querella que representa a los habitantes que promovieron la denuncia.
La investigación comenzó el 3 de junio de 2014, cuando un grupo de vecinos solicitó que se investigara a la firma por la posible comisión de delitos contra la salud pública y por presuntas infracciones a la legislación sobre residuos peligrosos y conservación de la fauna silvestre.
Según la presentación realizada en aquel momento, la planta de la empresa habría generado durante años escapes de gases, vertido efluentes contaminantes al Río Paraná, utilizado cañerías clandestinas y enterrado residuos tóxicos en las barrancas cercanas al curso de agua. Los denunciantes también señalaron presuntas deficiencias edilicias y tecnológicas en el establecimiento industrial.
Además, sostuvieron que la actividad desarrollada en el predio habría provocado consecuencias sobre la salud de los habitantes del denominado Barrio Química, incluyendo enfermedades y fallecimientos que vincularon a la contaminación ambiental.
Durante la instrucción de la causa se recibieron testimonios de vecinos y exempleados de la planta, además de diversas pericias e informes técnicos. Entre los resultados obtenidos, se detectó presencia de atrazina en muestras de agua extraídas del Río Paraná y de cipermetrina y trifuralina en análisis realizados sobre el suelo.
Con la resolución de la Cámara Federal, el expediente avanza ahora hacia una nueva etapa procesal en la que deberán prestar declaración los empresarios y exfuncionarios señalados en la investigación, mientras la Justicia busca determinar eventuales responsabilidades por los hechos denunciados.
