Mientras el invierno empieza a sentirse en los hogares de 9 de Julio, también comienza a crecer otra preocupación: la posibilidad concreta de que miles de familias pierdan el beneficio de la denominada “Zona Fría” en las tarifas de gas.
El Gobierno nacional avanza con un proyecto para derogar parte de la ampliación de la Ley 27.637, sancionada en 2021, que permitió incorporar a decenas de municipios bonaerenses —entre ellos 9 de Julio— al régimen de descuentos de entre el 30 y el 50% en las boletas.
La iniciativa ya comenzó a moverse en el Congreso y el tema dejó de ser una especulación para transformarse en una amenaza concreta.
Según trascendió, más de 3 millones de usuarios en todo el país podrían quedar afuera del beneficio si prospera el proyecto oficial. En el caso de 9 de Julio, se estima que unas 15.000 familias serían afectadas directamente.
La discusión no es menor. En un contexto de aumentos permanentes en servicios, caída del poder adquisitivo y salarios que no logran acompañar la inflación, perder el descuento de Zona Fría significaría un golpe durísimo para miles de vecinos que hoy apenas logran sostener el pago de los servicios básicos.
Y sin embargo, llama la atención la tibieza con la que se está reaccionando ante semejante escenario.
Hubo algunos pedidos de comunicación, declaraciones aisladas y expresiones políticas de preocupación. Gestos institucionales que sirven para dejar asentada una postura, pero que parecen demasiado poco frente a una decisión nacional de enorme impacto económico y social.
Cuando lo que está en juego es el bolsillo de miles de familias, el silencio o la reacción burocrática terminan pareciendo insuficientes.
La paradoja es inevitable: mientras se discute la eliminación de la “Zona Fría”, también aparece una preocupante frialdad social. Una especie de resignación anticipada. Como si el tema todavía no hubiera terminado de interpelar a gran parte de la comunidad.
DETALLES
La propia normativa vigente reconoce que el beneficio busca compensar el mayor consumo de gas en regiones con bajas temperaturas. El régimen alcanza actualmente a usuarios residenciales y también a entidades sociales, clubes y comedores comunitarios.
No se trata solamente de política energética. Se trata de calidad de vida. De calefaccionar una casa. De cocinar. De atravesar el invierno sin tener que elegir entre pagar el gas o comprar alimentos.
Quizás por eso sorprende que todavía no exista una reacción regional más fuerte, coordinada y visible de intendentes, concejos deliberantes, instituciones intermedias, cámaras comerciales y vecinos. Porque si el beneficio finalmente se pierde, el impacto no distinguirá partidos políticos ni sectores sociales.
El riesgo es real, y tal vez el problema más grave no sea solamente quedarse sin Zona Fría, sino enfrentar esa pérdida con una comunidad demasiado fría para defenderla.
