El Gobierno de la provincia de Córdoba oficializó el cobro de los operativos desplegados ante amenazas escolares, estableciendo que los costos deberán ser afrontados por los padres o tutores de los estudiantes responsables.
La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y formaliza lo que había sido anticipado días atrás por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. A través de la resolución, se aprobó el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos, que fija el mecanismo administrativo para reclamar los montos al entorno familiar de los involucrados.
La normativa apunta a garantizar el uso responsable de los recursos públicos frente a este tipo de episodios, que en su mayoría resultan ser falsos pero que igualmente obligan a desplegar importantes operativos policiales, servicios de emergencia y logística especial.
El procedimiento se pondrá en marcha tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, organismo encargado de identificar a los autores de las amenazas y a los adultos responsables.
Una vez determinada la responsabilidad, las autoridades provinciales calcularán los costos de cada intervención, elaborarán el expediente correspondiente con los registros del operativo y cuantificarán los gastos asumidos por el Estado. Posteriormente, se intimará al pago en un plazo de cinco días.
En caso de incumplimiento, se dará intervención a la Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales de recupero. La iniciativa busca desalentar este tipo de conductas y reducir el impacto económico que generan sobre el sistema de seguridad y emergencias.
