En medio de una creciente ola de amenazas falsas en establecimientos educativos, un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense propone que los padres de los alumnos responsables deban afrontar los costos de los operativos que estas situaciones generan.
La iniciativa, impulsada por el diputado Andrés De Leo, crea un Régimen de Recupero de Costos Operativos por Falsas Amenazas en Escuelas. El objetivo es que quienes realicen estos llamados —desde alertas de bomba hasta amenazas de ataques— se hagan cargo del despliegue de recursos que implican, como la intervención de fuerzas policiales, bomberos y servicios de emergencia.
El proyecto establece que, en caso de tratarse de menores de edad, la responsabilidad económica recaerá en sus padres o tutores. Además, prevé un procedimiento administrativo con derecho a defensa, fijación de montos bajo criterios de razonabilidad y la posibilidad de ejecución fiscal si no se cumple con el pago.
La propuesta también contempla la creación de un registro provincial de incidentes para mejorar la prevención y el seguimiento de estos casos. “Cada falsa amenaza tiene un costo económico, pero sobre todo un costo humano que no podemos naturalizar”, señalaron desde el entorno del legislador, al fundamentar la necesidad de “poner límites” ante una problemática en crecimiento.
