Un nuevo foco de conflicto se abrió en la costa bonaerense tras la decisión de la Justicia de ordenar el desalojo de trabajadores del complejo turístico de Chapadmalal, en medio de la polémica por su futuro y una posible concesión a privados.
La medida alcanza a empleados de mantenimiento que residen en el predio, quienes ya fueron intimados a abandonar el lugar en un plazo de diez días. La notificación fue impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que advirtió que, de no cumplirse la orden, podría intervenir la fuerza pública.
El conflicto no tardó en escalar. Desde ATE presentaron un recurso de amparo para frenar el desalojo, mientras que distintos sectores políticos impulsan iniciativas para que el complejo quede bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires.
En paralelo, el Gobierno nacional sostiene su intención de avanzar con una concesión a largo plazo —se habla de un esquema de hasta 30 años— con el objetivo de atraer inversión privada, restaurar la infraestructura y reducir los costos de mantenimiento del predio.
El complejo, conocido oficialmente como Unidad Turística Chapadmalal, tiene un fuerte valor histórico y simbólico. Fue inaugurado en la década del ‘50 durante el gobierno de Juan Domingo Perón y financiado en parte por la Fundación Eva Perón, con el objetivo de garantizar el acceso al turismo social para sectores trabajadores.
Ubicado sobre la Ruta 11, entre Mar del Plata y Miramar, el predio cuenta con nueve hoteles y fue durante décadas un emblema de las políticas de inclusión turística en el país.
Hoy, ese legado histórico se encuentra en el centro de una disputa que combina cuestiones laborales, políticas y económicas. Mientras avanza el proceso judicial, crece la incertidumbre sobre el futuro del complejo y el destino de las familias que aún viven y trabajan en el lugar.
