Un fallo judicial de alto impacto volvió a poner en el centro de la escena la responsabilidad del Estado en materia de control y seguridad pública. La Cámara Contencioso Administrativa de San Martín confirmó una sentencia que obliga a la Municipalidad de Pehuajó y a la Provincia de Buenos Aires a afrontar una indemnización millonaria por la muerte de un menor durante una picada ilegal.
La causa, caratulada “Herrera, Rubén Adrián y otros c/ Municipalidad de Pehuajó y otros s/ pretensión indemnizatoria”, se originó tras el fallecimiento de Wenseslao Herrera, ocurrido en 2018 en el acceso Kirchner de esa ciudad, en el marco de la realización de la XXIV Fiesta Nacional de la Moto.
El tribunal ratificó el fallo de primera instancia y estableció que la responsabilidad por lo ocurrido recae en el Estado, al considerar que existió una falla en el servicio de control y prevención.
En ese sentido, la sentencia fue contundente al señalar que ni el Club Estudiantes Unidos ni la Agrupación de Motos Pehuajó podían asumir funciones propias del Estado. “La dirección y control del tránsito en una vía de comunicación estratégica es una función pública estatal indelegable”, remarca el fallo, descartando así cualquier responsabilidad de las entidades organizadoras.
Asimismo, se determinó una distribución interna de responsabilidades entre los condenados: un 70% para el conductor involucrado, un 10% para el titular del vehículo, y el restante 20% dividido entre la Provincia y el Municipio, con un 10% para cada uno.
Sin embargo, más allá de ese reparto, la resolución establece que tanto la Provincia como la Municipalidad deberán responder por la totalidad de la indemnización frente a los damnificados, sin perjuicio de eventuales acciones posteriores para recuperar esos montos.
El fallo no solo implica un fuerte impacto económico para las arcas públicas, sino que además sienta un precedente relevante en la región, al reafirmar la responsabilidad indelegable del Estado en el control del tránsito y la prevención de conductas delictivas en la vía pública.
En este sentido, la decisión judicial podría tener implicancias en futuros casos similares, especialmente en eventos masivos o situaciones donde se registren maniobras ilegales como picadas, reforzando la obligación de los organismos estatales de garantizar condiciones de seguridad adecuadas.
