Una presentación judicial impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano puso en el centro de la escena a Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por presuntos vínculos comerciales entre su consultora y empresas con relaciones con el Estado.
La denuncia, que recayó en el Juzgado Federal N°11 a cargo de Ariel Lijo, plantea la posible existencia de un conflicto de intereses y apunta a un supuesto entramado de relaciones entre el sector privado y organismos públicos.
El eje de la presentación se centra en la consultora +BE, propiedad de Angeletti, y su vínculo con la firma National Shipping SA, una naviera que mantiene contratos históricos con YPF. Según se detalla, la consultora habría brindado capacitaciones a directivos de esa compañía en tres oportunidades entre 2024 y 2025, por un monto total de más de 6 millones de pesos.
De acuerdo con la denuncia, este vínculo podría configurar un “circuito triangular de flujos económicos”, dado que Adorni integra actualmente el directorio de YPF en representación del Estado. Sin embargo, desde la empresa naviera señalaron que su relación contractual con la petrolera lleva casi tres décadas y remarcaron que la designación del funcionario fue posterior a las capacitaciones cuestionadas.
Otro de los puntos incluidos en la presentación refiere a la licitación del predio de Tecnópolis, un proceso millonario a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Allí aparece mencionada DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, que según la denuncia sería cliente de la consultora +BE, lo que abriría otro posible foco de conflicto.
El expediente también incorpora la figura de Mara Natalia Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia y vinculada al Grupo Foggia, lo que, según la denunciante, reforzaría la hipótesis de conexiones entre actores del sector privado y el entorno gubernamental.
Además, se menciona que la consultora habría trabajado con el Grupo Datco, empresa tecnológica que presta servicios a distintos organismos públicos como Banco Central de la República Argentina, Banco de la Nación Argentina, Aerolíneas Argentinas y AySA, entre otros.
La causa se encuentra en etapa inicial y apunta a determinar si existieron incompatibilidades o irregularidades en los vínculos comerciales señalados. Mientras tanto, el caso suma tensión política al interior del oficialismo y abre un nuevo frente judicial.
