El Intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin presentó en el Concejo Deliberante de ese distrito un proyecto que ya genera fuerte discusión política y social: que el Estado municipal recupere los costos de atención médica cuando un accidente de tránsito sea provocado por conductores que cometieron infracciones graves.
La iniciativa, impulsada por el interbloque de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, plantea que el municipio pueda reclamar el reintegro total de los gastos de salud cuando los siniestros viales sean provocados por conductores que den positivo en alcoholemia o drogas, no tengan licencia de conducir o documentación del vehículo, o realicen maniobras peligrosas o conducción temeraria.
Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es que el costo económico de esas conductas no recaiga sobre toda la comunidad. “El costo de estas conductas no debe recaer sobre la comunidad, sino sobre quienes generan el daño”, sostienen desde el oficialismo pringlense.
De aprobarse la iniciativa, el hospital municipal liquidará los gastos derivados de la atención —internación, cirugías, medicación y demás prestaciones— para luego cobrarlos directamente a los responsables del hecho o a sus compañías de seguros.
El proyecto abre un debate que ya comienza a replicarse en distintos municipios: si los sistemas de salud públicos deben absorber el costo total de siniestros provocados por conductores que incumplen la ley.
En ese contexto, surge inevitablemente una pregunta para trasladar al plano local: ¿sería viable implementar una medida similar en Nueve de Julio?
En una ciudad donde los accidentes de tránsito también generan una fuerte demanda sobre el sistema sanitario, la posibilidad de que quienes conduzcan alcoholizados, sin licencia o de manera temeraria deban afrontar los gastos médicos abre un debate sensible.
Por un lado, quienes apoyan este tipo de iniciativas sostienen que se trata de una medida de justicia y responsabilidad individual, además de un mecanismo para desalentar conductas peligrosas al volante.
Por otro, aparecen interrogantes sobre la instrumentación legal, la posibilidad real de recuperar esos costos y el principio de universalidad del sistema de salud pública.
La discusión, en definitiva, no es menor: ¿debe pagar toda la sociedad por las consecuencias de una imprudencia, o deberían hacerlo quienes la provocan?
La pregunta queda abierta también para 9 de Julio. Y promete generar opiniones encontradas.
