Una conferencia de prensa conjunta encabezada este lunes por autoridades nacionales volvió a poner en foco el crecimiento de las extorsiones organizadas desde cárceles bonaerenses y sus consecuencias más graves.
En ese marco, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado expuso nuevamente el caso del peón rural Juan Woldryk, desaparecido desde marzo de 2022.
La actividad fue encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la propia magistrada, quienes presentaron un informe sobre organizaciones delictivas que operan desde establecimientos penitenciarios y que fueron calificadas como verdaderas “pymes del delito”.
Durante la exposición, las autoridades hicieron referencia al caso del soldado del Ejército Argentino Rodrigo Andrés Gómez, un granadero de 21 años que se suicidó mientras cumplía guardia en la Quinta Presidencial de Olivos el pasado 16 de diciembre. Según se informó, el joven habría sido víctima de una red dedicada a la llamada “sextorsión”, una modalidad de chantaje que consiste en amenazar con difundir aspectos de la vida íntima de la víctima a cambio de dinero.
Arroyo Salgado advirtió que este tipo de delitos se encuentra en crecimiento y que, en muchos casos, es dirigido desde el interior de cárceles bonaerenses, facilitado por el uso de telefonía celular por parte de personas privadas de la libertad, una medida habilitada durante la pandemia y que aún no ha sido revertida. En ese sentido, explicó que uno de los objetivos de la conferencia fue alertar sobre esta situación para “evitar y prevenir futuros hechos y nuevas víctimas”.
La jueza ilustró su presentación con diapositivas que mostraban casos similares y, al referirse puntualmente a Woldryk, sostuvo: “Una extorsión desde otro penal que termina con la desaparición hasta el día de hoy de Juan Woldryk, quien, pese a que su familia ha publicitado reiteradamente que ya se descubrió que estaba siendo víctima de maniobras extorsivas, no ha aparecido”.
Juan Woldryk fue visto por última vez el 30 de marzo de 2022 en un campo del paraje Miramar, donde trabajaba como peón rural. A casi cuatro años de su desaparición, no se tienen rastros de su paradero.
El uso de teléfonos celulares en cárceles bonaerenses volvió así al centro del debate público, con fuertes advertencias desde el Gobierno nacional sobre la necesidad de reforzar los controles y los mecanismos de prevención frente a delitos que, como la sextorsión, avanzan en silencio y dejan secuelas irreparables en las víctimas y sus familias.
