El Gobierno de Javier Milei profundiza su agenda de seguridad con el envío de un anteproyecto de reforma integral del Código Penal, que apunta a endurecer penas, restringir beneficios excarcelatorios y declarar imprescriptibles una serie de delitos considerados especialmente graves.
La propuesta, que el oficialismo presenta como una herramienta para “terminar con la puerta giratoria”, introduce cambios de fondo en el sistema penal argentino.
El proyecto eleva las escalas de pena en una amplia variedad de delitos. En homicidio simple, por ejemplo, se plantea pasar del actual rango de 8 a 25 años a un nuevo esquema de 10 a 30 años. También se agregan nuevos supuestos agravados, entre ellos cuando la víctima sea el presidente, funcionarios nacionales, menores de 16 o adultos mayores de 65 años.
En los robos, la reforma incluye figuras específicas como los “motochorros”, las “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple se propone elevar a un máximo de 8 años, mientras que el cometido con violencia alcanzaría hasta 10 años de prisión. El texto también limita la liberación anticipada para condenados por homicidio, robo con armas, robo seguido de muerte y delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos.
El anteproyecto contempla aumentos de pena en una extensa lista de delitos: lesiones, abuso de armas, producción y posesión de material de explotación sexual infantil, privación ilegal de la libertad, trata de personas, usurpación, estafas, hurto y agresiones en manifestaciones, entre otros. También endurece la escala para portación de armas y eleva las penas por cohecho.
Otro de los ejes centrales es la imprescriptibilidad para delitos graves. Si la reforma avanza, homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico podrán ser investigados sin límite de tiempo. El Ejecutivo considera que “el paso de los años no puede convertirse en un acto de impunidad”.
El texto también establece que las condenas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, sin necesidad de esperar la instancia de la Corte Suprema. Además, amplía el alcance de la legítima defensa y otorga mayor participación a las víctimas en decisiones del proceso.
Finalmente, el Gobierno propone que las condenas perpetuas no tengan límite temporal y que todo funcionario condenado por cualquier delito pierda automáticamente su jubilación de privilegio, en sintonía con la medida aplicada en el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Con estos lineamientos, la Casa Rosada busca imprimir un sello más severo al sistema penal, en línea con su narrativa de “orden y seguridad” y con el objetivo declarado de reducir la reincidencia y fortalecer el rol de las víctimas en los procesos judiciales.
