El diputado de “Unión por la Patria” (UxP), Leonardo Moreno, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense que propone regular el accionar de las agencias de cobranza extrajudicial en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa busca proteger a los deudores frente a prácticas abusivas, hostigamientos e intimidaciones por parte de empresas contratadas para reclamar pagos fuera del ámbito judicial.
El proyecto reproduce un texto que había sido impulsado años atrás por el exdiputado José Ignacio “Cote” Rossi y que, según se detalla en los fundamentos, surgió como respuesta a un escenario cada vez más habitual en el territorio bonaerense: deudores que eluden el proceso judicial debido a sus altos costos y recurren a agencias de cobranza que no cuentan con un marco normativo claro.
Según el documento legislativo, se encuentran comprendidos dentro de esta normativa todas las personas humanas o jurídicas que gestionen el cobro de deudas en mora a personas físicas con domicilio en la provincia bajo el objetivo central de garantizar el trato digno y equitativo hacia los deudores, tal como establece la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor.
En este marco, una de las claves del proyecto es la obligación, por parte del acreedor, de notificar de manera fehaciente al deudor antes de derivar la deuda a las agencias de cobranza. Dicha comunicación debe incluir el nombre del agente que intervendrá, su dirección, teléfonos de contacto y si está habilitado para efectuar el cobro.
Además, la iniciativa establece que el agente de cobranza deberá identificarse con nombre completo al iniciar el contacto, informar quién le encargó la gestión, cuál es el origen de la deuda, desde cuándo se encuentra en mora y si existe un proceso judicial iniciado.
Otro aspecto importante del proyecto es la delimitación de los métodos permitidos para efectuar los reclamos. El texto autoriza el uso de llamadas telefónicas, cartas documento, correos electrónicos y otros medios que no comprometan la integridad física ni psíquica del deudor. A su vez, prohíbe las comunicaciones reiteradas que puedan interpretarse como acoso, así como los contactos en teléfonos laborales o en horarios inapropiados.
En ese sentido, la iniciativa establece que no podrán realizarse llamados entre las 21:00 y las 8:00, ni durante los fines de semana o feriados antes de las 11:00 y entre las 13:00 y las 15:00. También impide el uso de misivas postales que puedan quedar expuestas a terceros.
En cuanto al momento del cobro efectivo, el proyecto determina que el agente debe mostrar copia del derecho o poder que lo habilita a realizar la gestión, acompañado de una declaración jurada que acredite su vigencia.
Otro artículo estipula que, una vez acreditado el pago ante el acreedor, este último tiene 24 horas para notificar a las agencias de cobranza y poner fin al reclamo. Si no lo hace, podría derivar en la continuidad indebida de las gestiones de cobro.
En caso de incumplimientos o infracciones a esta normativa, el proyecto prevé la aplicación de sanciones contempladas en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, al tiempo que delega en el Ejecutivo provincial la designación de la autoridad de aplicación que tendrá la responsabilidad de fiscalizar y garantizar el cumplimiento de la ley.
Moreno advirtió que las agencias de cobranza “intimidan” a los deudores y va por su regulación
En los fundamentos del proyecto legislativo, el diputado camporista, Leonardo Moreno remarcó que “cada vez es más común encontrar agencias de reclamo extrajudicial cuyo fin es intimidar al deudor” y señaló que esas prácticas “están en contradicción con el principio de trato digno y equitativo consagrado en la Ley N°24.240”.
En esa línea, el legislador bonaerense planteó que esta iniciativa busca equilibrar la relación entre partes y transparentar los procedimientos, ya que la actuación de estas agencias de cobranza no está regulada y eso conlleva afectaciones al deudor, según advirtió.
Además, Moreno sostuvo que, de producirse un daño por una conducta negligente o dolosa, tanto el acreedor como el agente serán responsables de indemnizar al afectado. “El proyecto genera un marco en el cual las agencias puedan actuar sin afectar la integridad del deudor”, añadió al respecto.
Finalmente, desde el bloque de UxP señalaron que esta iniciativa responde a un reclamo creciente de personas endeudadas que no encuentran contención ante situaciones de hostigamiento por parte de las agencias de cobranza.
Con este proyecto, Moreno se suma a otros intentos legislativos por ordenar el funcionamiento de actores privados en procesos de cobro extrajudicial, una práctica en crecimiento en el marco de la crisis económica que atraviesa el país.
