Una norma para regular los alquileres turísticos espera su aprobación en la Cámara alta. Los especialistas sugieren que cada distrito tendría que tener su propia norma.
Cada individuo busca incrementar su rentabilidad financiera, mientras que simultáneamente, el papel del Gobierno es establecer políticas que puedan nivelar las disparidades existentes en el mercado. La crisis habitacional que enfrenta la Argentina, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y en muchas de las capitales provinciales, contrasta con el buen momento de los alquileres temporarios que dependen del auge de turismo y del dólar.
Esa dualidad, favorecida en gran medida por la ausencia de una legislación específica, es parte del debate que por estos días se lleva a cabo en el Senado nacional, conjuntamente con la Ley de Alquileres tradicionales que fue aprobada días atrás por la Cámara de Diputados.
Fernando Álvarez de Celis, director de la Fundación Tejido Urbano, sostuvo que no se puede "tener una regulación para alquileres permanentes y no para los temporarios".
"Al alquiler temporario se le quiere poner regulaciones que hoy el alquiler permanente tiene y que no se cumple. Por ejemplo, pasar todo el sistema a pesos, cosa que creemos que está bien, pero por otro lado los alquileres permanentes -aunque la ley implica que estén en pesos- las inmobiliarias los ponen en dólares y no hay ninguna consecuencia, con lo cual también ahí hay que tener cuidado entre lo que es la regulación y cumplimiento o el posible cumplimiento de la ley", subraya.
Un proyecto de ley que busca regular los alquileres temporarios con fines turísticos tiene dictamen del Senado y el texto está listo para ser tratado en el recinto en la próxima sesión, cuya fecha está aún por definir.
La iniciativa -respaldada tanto por el oficialismo como por la oposición- propone regular y desdolarizar las plataformas como Airbnb, que están fuera del marco normativo del Estado, e incluso fija sanciones por incumplimientos.
Asimismo, se propone la creación del Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario, en el ámbito del Ministerio de Turismo de la Nación.
En ese sentido, Álvarez de Celis considera que la regulación de los alquileres temporarios "no debería estar en el ámbito del Ministerio de Turismo, sino que debería estar regulada por los gobiernos locales. En Villa la Angostura o Calafate, por ejemplo, ya está regulado por los gobiernos locales, con lo cual hay competencias que deberían ser locales para poder entender bien en qué zona se permite, en qué zona no se permite y avanzar en ese sentido".
En rigor, en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos con mayor oferta de alquileres temporarios para turistas, la actividad está regulada por la Ley 6.255, sancionada en noviembre de 2019. La norma obliga a los propietarios que exploten o comercialicen inmuebles de manera habitual bajo esa modalidad a inscribirse en el Registro de Alquileres Temporarios Turísticos. Sin embargo, no se cumple.
La crisis habitacional de la Ciudad de Buenos contrasta con la oferta turística: mientras según los reportes inmobiliarios sólo quedan poco menos de mil departamentos para el alquiler tradicional, la oferta de temporarios escala a más de 30 mil de las cuales poco más de 500 están registradas.
Cepo a los alquileres en Nueva York
El problema de la explosión de los alquileres temporarios no es excluyente de la Argentina. En efecto, esta semana la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, aprobó una ley que prohíbe alquilar departamentos para estancias menores de un mes, dejando fuera de juego a buena parte de las 36.000 propiedades turísticas de la ciudad.
La nueva ley solo permite el alquiler de habitaciones siempre y cuando el arrendador viva en el apartamento y esté presente durante la estancia de sus visitantes, que no podrán ser más de dos al mismo tiempo ni podrán cerrar las puertas de su cuarto con llave. Para ello, los anfitriones tendrán que registrarse en la alcaldía y pagar 145 dólares cada dos años. Las multas para los infractores oscilan entre 1.000 y 7.500 dólares, aunque los usuarios no se verán afectados.
En una ciudad con alquileres que rondan los 5.000 dólares mensuales de media, uno de los objetivos de la nueva ordenanza es que muchos de estos departamentos turísticos salgan al mercado y alivien la deficiencia crónica de vivienda de la ciudad.
