El reclamo apunta a que el municipio sea reconocido como damnificado directo y que eventuales fondos recuperados en la causa sean destinados a ejecutar obras viales pendientes. El caso fue expuesto este domingo en TN.
La Ruta Nacional 188 volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por una derivación política y judicial que involucra directamente al Municipio de Pergamino. El distrito busca ser reconocido como “damnificado directo” en el marco de la denominada Causa Cuadernos, a partir de obras viales que fueron proyectadas, licitadas y adjudicadas, pero que nunca llegaron a ejecutarse.
El caso fue presentado este domingo en el programa ¿Y mañana qué?, de TN, donde se mostró el estado actual de la Ruta 188 y se repasaron las obras que durante años fueron reclamadas por Pergamino. Entre ellas aparecen intervenciones destinadas a mejorar sectores críticos de la traza, accesos, curvas y contracurvas, iluminación, dársenas, rotondas y semáforos.
El reclamo municipal tiene como eje el Segundo Cruce, uno de los puntos más conflictivos del corredor vial, además de sectores ubicados a la altura de Guerrico, Acevedo y Peña.
Según la documentación citada en el proyecto, esas obras formaban parte de compromisos asumidos durante distintas concesiones de la Ruta 188. Sin embargo, pese a que existían proyectos y presupuestos previstos, las intervenciones no se concretaron.
Qué reclama Pergamino
La iniciativa fue impulsada por la presidenta del Concejo Deliberante, Gabriela Taruselli, y plantea que el Municipio pueda intervenir formalmente en las actuaciones judiciales y reclamar que, si se producen decomisos o recupero de fondos vinculados a empresarios y exfuncionarios investigados, parte de esos recursos sea destinada a financiar las obras que quedaron pendientes en el distrito.
La resolución aprobada por el Concejo Deliberante sostiene que Pergamino resultó perjudicado por presuntos hechos de corrupción, cartelización e incumplimiento de obras públicas vinculados con la Ruta 188.
La presentación no busca atribuir responsabilidades penales —una cuestión que corresponde exclusivamente a la Justicia— sino reclamar que la comunidad pueda recuperar, en obras, aquello que durante años estuvo comprometido y nunca se ejecutó.
