El Gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a respaldar la decisión de trasladar al Instituto de Previsión Social (IPS) los aportes previsionales de unos 20.000 trabajadores de empresas estatales bonaerenses, luego de que la administración de Javier Milei presentara una demanda ante la Corte Suprema para frenar la medida por considerarla inconstitucional.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que la decisión "es lo que corresponde" porque se trata de empleados de empresas pertenecientes a la Provincia, por lo que, según explicó, deben realizar sus aportes al sistema previsional bonaerense y acceder en el futuro a una jubilación provincial. La medida fue establecida mediante el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, que dispone que las empresas estatales provinciales dejen de aportar a la Anses y comiencen a hacerlo al IPS.
Desde el Gobierno nacional argumentan que la normativa invade competencias federales, desfinancia a la Anses y genera un conflicto entre ambos sistemas jubilatorios. Por ese motivo impulsaron una acción de inconstitucionalidad contra la Provincia y el IPS. En respuesta, Bianco aseguró que la demanda busca "dificultar la gestión" del Gobierno bonaerense y sostuvo que, históricamente, la propia Anses ha avalado que organismos y empresas estatales provinciales aporten a las cajas previsionales de sus respectivas jurisdicciones.
El traspaso alcanza a trabajadores de empresas como ABSA, AUBASA, Centrales de la Costa, BAGSA, CEAMSE y otras compañías estatales. En paralelo, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) también presentó una demanda ante la Suprema Corte bonaerense para cuestionar la aplicación del mismo artículo a los establecimientos educativos privados. Según estimaciones del sector, esa medida podría involucrar a entre 50.000 y 55.000 docentes, auxiliares y personal no docente.
