La Provincia había dispuesto que empleados de ABSA y Aubasa, entre otros, pasaran al organismo previsional bonaerense
La disputa política entre el gobierno de Axel Kicillof y la Nación acaba de sumar un nuevo capítulo. Es que la administración de Javier Milei inició una demanda judicial contra la decisión de la Provincia de que unos 20 mil empleados de distintas empresas como ABSA y Aubasa, dejen de aportar al Anses y lo hagan desde este año al Instituto de Previsión Social (IPS).
El origen de la disputa se remonta hacia fines del año pasado cuando Kicillof, tal como informara en su momento este diario, incluyera en el proyecto de Presupuesto 2026 un artículo, el 59 de esa iniciativa, por el que los empleados de las empresas privadas con capital mayoritario provincial deben empezar a realizar aportes al organismo previsional de la Provincia.
La medida incluye, entre otros organismos, a ABSA (la empresa de agua y cloacas que presta el servicio en 95 municipios), Aubasa (la concesionaria de la Autopista La Plata-Buenos Aires y las rutas a la Costa), Centrales de la Costa, la Ceamse (realiza la gestión de los residuos urbanos), Bagsa (la empresa de gas) y otras de energía. También, al personal docente extracurricular y no docente de establecimientos educativos privados reconocidos por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
Sólo para tomar dimensión del impacto de la medida, en Aubasa trabajan alrededor de 1.500 operarios. En tanto, ABSA engloba a alrededor de 2.200.
De acuerdo a estimaciones no oficiales, el IPS terminaría por sumar cerca de 20 mil trabajadores que hasta el año pasado aportaban -y todavía lo siguen haciendo mientras se instrumenta la medida- al régimen nacional de Anses.
Pasados algunos meses, el gobierno de Javier Milei no se quedó de brazos cruzados y fue a la Justicia para que se ordene dar marcha atrás con el mencionado artículo del Presupuesto aprobado por la Legislatura.
La Nación presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la Provincia y el IPS. Sostiene que la medida invade competencias federales, desfinancia a la Anses y genera un conflicto entre ambos sistemas jubilatorios. Además, pidió una medida cautelar para suspender la aplicación de la norma hasta que haya una sentencia definitiva.
