La Dirección Ejecutiva del organismo profundizó los cruces de datos tras hallar desvíos sistemáticos entre las horas declaradas por los profesionales y los servicios cobrados.
Un nuevo entramado de corrupción golpea a la obra social de los jubilados. Una serie de auditorías internas ordenadas por la conducción del PAMI, bajo la gestión de Esteban Leguízamo, dejó al descubierto un millonario esquema de fraude que involucra a médicos de cabecera y especialistas de diversas provincias del país.
Las maniobras detectadas incluyen la facturación de servicios que superan con creces la capacidad horaria real de los profesionales y, de forma aún más grave, la emisión de órdenes médicas electrónicas a nombre de afiliados fallecidos.
La magnitud del desfalco encendió las alarmas en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que ya avanzó con denuncias penales, retenciones preventivas de haberes y suspensiones de liquidaciones en agencias clave de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Chaco.
El patrón descubierto por los equipos técnicos del organismo es tan burdo como sistemático. Al cruzar los registros de las prestaciones facturadas con la capacidad horaria máxima que cada médico declaró bajo declaración jurada en el sistema oficial, los números simplemente no cierran. Las agendas médicas se estiraban de forma mágica en el papel para cobrar por servicios nunca prestados.
El epicentro judicial de la maniobra se localiza en Santa Fe. A pedido de la Unidad Fiscal Rosario, la Oficina de Criminalidad Económica y la UFI-PAMI, la Policía Federal Argentina (PFA) allanó los consultorios y la vivienda particular de un cardiólogo de la localidad de Acebal, identificado como M. G. A.
El especialista quedó en el ojo de la tormenta tras comprobarse que declaró haber atendido a más de 5.000 jubilados y haber realizado más de 50.000 prácticas de alta complejidad —como holter y electrocardiogramas— entre 2023 y 2025.
