La Legislatura de la provincia de Buenos Aires vuelve a quedar en el centro del debate público. Con un presupuesto de $378.004 millones asignado para 2026, el costo promedio de cada una de las 138 bancas supera los $7,5 millones diarios en un año que, hasta el momento, estuvo marcado por demoras, sesiones postergadas y una baja actividad parlamentaria.
De acuerdo con los recursos aprobados para este año, la Cámara de Diputados dispondrá de $222.800 millones, mientras que el Senado contará con $156.204 millones para su funcionamiento.
Si se distribuye ese presupuesto entre los 92 diputados y los 46 senadores que integran ambas cámaras, el resultado arroja que cada legislador representa un costo promedio de $2.739 millones anuales, unos $228 millones mensuales y más de $7,5 millones por día.
La cifra no corresponde al salario individual de los legisladores, sino al costo total de sostener cada banca dentro de la estructura legislativa. En ese monto se incluyen gastos de personal, asesores, contrataciones, funcionamiento administrativo, mantenimiento de edificios y otros recursos destinados al funcionamiento de ambas cámaras.
El dato adquiere mayor relevancia en medio de las críticas por la escasa actividad legislativa registrada durante gran parte del primer semestre. En especial en la Cámara de Diputados, donde las diferencias políticas y la falta de consensos demoraron durante meses el tratamiento de distintos proyectos.
A ello se suma una estructura que, según estimaciones difundidas en ámbitos legislativos, cuenta con más de 2.200 empleados permanentes, además de asesores y personal contratado por los distintos bloques políticos.
En cuanto a las dietas, los legisladores provinciales perciben ingresos que oscilan entre los $5,8 y $6,3 millones mensuales. Sin embargo, especialistas remarcan que el mayor volumen de recursos está destinado al sostenimiento general del Poder Legislativo.
Otro de los puntos que suele generar debate son los llamados "módulos", partidas complementarias que pueden utilizarse para contratar asesores, financiar actividades institucionales y cubrir gastos operativos vinculados a la función parlamentaria.
