La Justicia federal ordenó una serie de allanamientos en el ámbito del automovilismo argentino, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades económicas. Los procedimientos alcanzaron a la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), a la Asociación Civil Propietarios de Automóviles de Competición (ACPAC) y a distintos equipos en varias provincias.
La investigación, que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 a cargo del juez Daniel Rafecas, también pone el foco en dirigentes del sector. Entre los nombres mencionados figuran Hugo Mazzacane, Gastón Mazzacane, Alejandro Reggi, Javier Ciabattari y Roberto Valle.
Según el dictamen fiscal, se analiza un esquema que incluiría la utilización de empresas vinculadas, doble contabilidad y operaciones no declaradas, con el objetivo de ocultar ingresos y reducir el pago de impuestos. La operatoria se habría extendido durante una década, entre 2014 y 2024.
Los montos en juego son millonarios: la deuda bajo análisis ronda los 5.500 millones de pesos entre 2021 y 2023, y supera los 8.000 millones si se suma el último ejercicio. En tanto, el perjuicio estimado al Estado asciende a casi 4.000 millones, lo que agrava el alcance de una causa que sacude a uno de los sectores más emblemáticos del deporte motor nacional.
