La legisladora porteña Graciela Ocaña pidió formalmente la intervención de la obra social de Camioneros tras denunciar presuntas irregularidades en el manejo de fondos y deficiencias en las prestaciones para los afiliados.
La presentación fue realizada ante la Superintendencia de Servicios de Salud y apunta contra la Obra Social de Choferes de Camiones, a la que acusa de no destinar adecuadamente sus recursos, en el marco de lo establecido por la Ley 23.660.
Según la denuncia, se habrían detectado transferencias por unos 900 millones de pesos en apenas 12 días hacia fideicomisos vinculados a la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, lo que encendió alarmas sobre un posible desvío de fondos.
Ocaña sostuvo que los recursos de la obra social no se traducen en mejoras para los más de 190 mil afiliados y lanzó una fuerte crítica: “Obra social pobre y familia Moyano rica”, cuestionando el destino del dinero administrado.
El planteo también advierte sobre un delicado estado financiero de la entidad, con deudas que podrían alcanzar los 60.000 millones de pesos, y balances con resultados negativos en los últimos años. Además, señala incumplimientos en la obligación de destinar al menos el 80% de los fondos a prestaciones de salud.
En su presentación, la legisladora aseguró que existen antecedentes judiciales que investigaron maniobras similares y sostuvo que la obra social habría funcionado como “prestamista” de empresas del mismo grupo familiar.
Ante este escenario, el pedido de intervención busca que el Estado tome control de la administración para garantizar el correcto uso de los recursos y mejorar la atención sanitaria de los afiliados.
