Una fuerte controversia política se desató en las últimas horas tras conocerse que funcionarios del Gobierno y legisladores oficialistas accedieron a créditos hipotecarios de alto monto otorgados por el Banco de la Nación Argentina, lo que motivó pedidos de investigación por parte de la oposición.
Los cuestionamientos surgieron luego de que se difundieran datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, analizados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, desarrollada por el especialista Andrés Snitcofsky, que permite monitorear el endeudamiento de personas políticamente expuestas.
Según ese relevamiento, varios integrantes del oficialismo accedieron a préstamos que, en algunos casos, superan el equivalente a los 300 mil dólares, generando sospechas sobre posibles privilegios en el acceso al financiamiento.
Entre los montos más elevados aparece Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del BCRA, quien obtuvo un crédito de $510 millones en diciembre de 2025. También figura Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo, con un préstamo de $373 millones, y Federico Furiase, que accedió a $367 millones.
En el listado también se encuentra Emiliano Mongilardi, con $302 millones, y el director de Comunicación Digital Juan Pablo Carreira, quien recibió $112 millones.
La nómina se completa con legisladores de La Libertad Avanza como Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, además de Alejandro Bongiovanni, María Frías y Alejandro Carrancio, todos con créditos de cifras significativas.
Desde el banco, que preside Darío Wasserman, rechazaron cualquier irregularidad y aseguraron que los préstamos fueron otorgados bajo condiciones habituales, sin excepciones ni tratamientos preferenciales. Según explicaron, todos los beneficiarios cumplieron con los requisitos de evaluación crediticia, incluyendo el análisis de riesgo y capacidad de pago.
Además, señalaron que la entidad concentra una porción importante de los créditos hipotecarios del país, en parte por administrar cuentas sueldo del sector público, lo que amplía su universo de clientes.
Mientras tanto, desde distintos sectores de la oposición reclaman mayor transparencia y piden que se investigue si existieron ventajas indebidas en el acceso a estos créditos, en un contexto económico donde el financiamiento para vivienda resulta limitado para gran parte de la población.
