La Justicia federal solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa que investiga a un médico y a una farmacéutica acusados de defraudar al PAMI mediante la emisión de más de 600 recetas apócrifas, maniobra que habría generado un perjuicio superior al millón de pesos a la obra social de jubilados y pensionados.
El requerimiento fue presentado por la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela. Los acusados son el médico Alberto José Mazzuchelli, de 72 años, y la farmacéutica Gisela Viviana Bernini, de 53, quienes se encuentran procesados por el delito de defraudación a la administración pública.
Según la investigación, entre febrero y septiembre de 2021 se confeccionaron 636 recetas electrónicas falsas a nombre de 78 afiliados que no pertenecían a la cápita del médico, con el objetivo de simular la provisión de medicamentos y obtener reintegros indebidos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). El perjuicio económico fue estimado en 1.125.228 pesos.
La pesquisa determinó que las recetas fueron emitidas desde computadoras ubicadas en la Farmacia Bernini, utilizando el sistema de Receta Electrónica del PAMI. Para ello, se habría empleado el usuario y la clave de acceso del médico Mazzuchelli, un elemento considerado clave por la fiscalía para que la maniobra pudiera concretarse.
En su dictamen, el fiscal federal Jorge Gustavo Onel sostuvo que sin la participación del médico, quien habría facilitado sus credenciales, la farmacéutica no habría podido realizar las prescripciones ni generar las disposiciones patrimoniales que beneficiaron al comercio. Por ese motivo, Bernini llegará a juicio acusada como autora del delito, mientras que Mazzuchelli fue considerado partícipe necesario.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por el área legal del PAMI ante la unidad fiscal especializada en delitos cometidos en el ámbito del organismo. En el marco de la causa, se tomaron declaraciones a afiliados involucrados, quienes en todos los casos aseguraron que Mazzuchelli no era su médico tratante y, en algunos casos, que los medicamentos adquiridos no coincidían con los prescriptos o directamente no habían sido recetados.
Ahora será el juez federal subrogante de Rafaela quien deberá resolver si hace lugar al pedido de elevación a juicio, paso previo a la realización del debate oral.
