Circular por la Ruta 5 es cada vez más peligroso. Según datos de los trabajadores de Vialidad, solo el 36% de las rutas en territorio bonaerense está en buen estado. El desfinanciamiento del organismo dejó a corredores clave de la zona en una situación de emergencia vial sin precedentes.
El panorama de la infraestructura vial en Argentina ha alcanzado un punto de inflexión alarmante. Según un reciente relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), casi el 65% de las rutas nacionales del país presentan un estado entre "regular" y "malo", una situación que impacta de lleno en la seguridad de los usuarios y en los costos logísticos del sector productivo.
En la provincia de Buenos Aires, las cifras son aún más preocupantes: apenas el 36,8% de la red nacional que atraviesa el territorio se encuentra en condiciones óptimas. El resto se divide entre un 11,5% de estado regular y un 51,7% calificado directamente como "malo".
Los tramos más comprometidos El informe pone el foco en corredores estratégicos que hoy operan como auténticos "puntos rojos" para la siniestralidad vial:
Ruta Nacional 5: Con obras paralizadas y un alto tránsito de carga pesada (estimado en un 30%), los vecinos e intendentes de la región —incluyendo 9 de Julio— mantienen el alerta por el abandono del mantenimiento.
Ruta Nacional 7: Presenta fallas estructurales graves, falta de demarcación y banquinas con pastizales, lo que ha reducido la velocidad media de circulación a apenas 60 km/h en ciertos tramos.
Ruta Nacional 33: Definida en el informe como una "ruleta rusa", este corredor clave para el puerto de Bahía Blanca muestra deformaciones y baches profundos que exceden cualquier bacheo preventivo.
Desmantelamiento y falta de inversión Desde los sectores técnicos advierten que Vialidad Nacional atraviesa el proceso de desmantelamiento institucional más profundo desde su creación. Con un presupuesto un 75% menor al de 2023 y la pérdida de casi mil puestos de trabajo durante la actual gestión de Javier Milei, las tareas de conservación han sido reemplazadas por intervenciones precarias que no logran frenar el deterioro estructural de las calzadas.
La situación no solo eleva el riesgo de accidentes fatales, sino que también encarece el transporte de la producción agropecuaria, motor económico de la provincia, consolidando un escenario de emergencia vial que requiere definiciones urgentes a nivel nacional.
