Con doce años de trayectoria, la micropyme textil Naranja Mandarina, con sede en la ciudad de Junín, atraviesa una situación límite que podría derivar en su quiebra en las próximas semanas.
La empresa, dedicada a la fabricación y venta de indumentaria infantil y preadolescente, fue condenada en un juicio laboral a pagar una suma que asciende a 190 millones de pesos, mientras que el embargo trabado sobre sus cuentas alcanza los 330 millones, un monto que supera ampliamente su facturación anual.
La causa se originó en 2022, cuando un distribuidor que trabajaba con la firma desde sus inicios inició una demanda al considerar que había sido despedido. Lo que comenzó como un conflicto de carácter comercial fue encuadrado por la Justicia como una relación laboral, lo que derivó en una primera sentencia por 14 millones de pesos. Con el avance del proceso, la aplicación de intereses, multas y el denominado “fallo Barrios” multiplicaron de manera exponencial el monto, llevando la condena a una cifra que la empresa considera absolutamente impagable.
El embargo judicial paralizó por completo la operatoria diaria del emprendimiento. “No podés cobrar, no podés pagar a proveedores, empleados ni impuestos. Todos los cheques vuelven y el giro comercial está roto”, explicó Mariana Cademartori, socia mayoritaria de Naranja Mandarina. Ante este escenario, la empresaria confirmó que debió suspender la próxima temporada y advirtió que, si la situación se mantiene durante la feria judicial de enero, la única alternativa será presentarse a concurso de acreedores.
La expectativa de la firma está puesta ahora en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a la que se le presentó un recurso antes del inicio de la feria. Una eventual intervención del máximo tribunal podría frenar el embargo y evitar el colapso definitivo de la empresa.
El caso volvió a poner en debate el impacto de la litigiosidad laboral sobre las pequeñas y medianas empresas. En los últimos años, los juicios vinculados a despidos, accidentes y riesgos laborales crecieron de manera sostenida, afectando con especial dureza a las pymes, que carecen de la espalda financiera necesaria para afrontar condenas millonarias.
“La justicia laboral tiene que entender que somos una micropyme, no una gran corporación. Si no hay una solución, la quiebra será inevitable”, sostuvo Cademartori. La situación de Naranja Mandarina refleja una problemática que se repite en distintas ciudades bonaerenses y que vuelve a encender la alarma sobre la supervivencia de los pequeños emprendimientos productivos.
