El general Carlos Presti asumió como ministro de Defensa con su uniforme de militar en actividad, un gesto inédito desde el retorno de la democracia en 1983 que quebró el consenso de que el cargo debía ser ocupado por un civil.
La decisión de Javier Milei marcó un fuerte mensaje político y simbólico, interpretado como el regreso de las Fuerzas Armadas a un rol visible en la conducción del Estado y como parte de la denominada “batalla cultural” del Gobierno.
Presti es el primer militar en actividad en asumir la cartera de Defensa en más de cuatro décadas, ya que solo pasó a disponibilidad y no a retiro. El Gobierno defendió la designación como un cambio de paradigma en materia de Defensa y Derechos Humanos, con el objetivo declarado de “terminar con la demonización” de las Fuerzas Armadas. Para sectores críticos, en cambio, la medida se inscribe en una política más amplia que cuestiona las bases de la política de memoria, verdad y justicia y revive la teoría de los “dos demonios”.
La designación generó un fuerte rechazo de organismos de Derechos Humanos, que la calificaron como una provocación y un intento de militarizar la política. También cuestionaron a Presti por no haberse pronunciado sobre los crímenes atribuidos a su padre, Roque Presti, jefe militar durante la dictadura, procesado por delitos de lesa humanidad pero fallecido antes de una condena judicial.
