Las universidades nacionales recibirán en 2026 un total de 4,8 billones de pesos, según el proyecto de Presupuesto que el Gobierno buscará aprobar en las sesiones extraordinarias de diciembre.
Sin embargo, los rectores rechazan esa cifra y reclaman que se aplique la ley sancionada por el Congreso —e insistida tras el veto presidencial— que contempla una actualización progresiva de los recursos. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, se necesitan 7,2 billones de pesos para cubrir gastos de funcionamiento y recomponer los salarios docentes y no docentes.
Pese a que el Gobierno decidió no aplicar la ley argumentando que no especifica la fuente de financiamiento, legisladores aliados no descartan que pueda haber un incremento adicional durante el debate parlamentario. La postura oficial generó críticas de la oposición y tensión en el sistema universitario, que ya anunció un paro nacional de 72 horas.
El Presupuesto 2026 además fija nuevas condiciones de rendición de gastos: las universidades deberán presentar información detallada ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias para acceder a los fondos. El Ejecutivo podrá interrumpir las transferencias si esa documentación no se envía en tiempo y forma. También se exige que cada institución clasifique su presupuesto y su ejecución en las funciones de educación y cultura, salud, y ciencia y tecnología.
En paralelo, el Gobierno confirmó que no aplicará por tercer año consecutivo la Ley de Financiamiento Docente, que fijaba una inversión del 6% del PBI para el sistema educativo. Tampoco se cumplirán los montos previstos por la Ley de Educación Técnico Profesional ni por la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.
La Oficina de Presupuesto del Congreso destacó que el Ejecutivo decidió derogar los pisos mínimos de inversión establecidos en la Ley de Educación Nacional, dejando futuras asignaciones sujetas únicamente a las leyes de presupuesto anual. Según la OPC, el objetivo del 6% del PBI sólo se cumplió en un ejercicio desde su creación, mientras que las metas de inversión en educación técnica y ciencia y tecnología nunca fueron alcanzadas.
El debate por los recursos para el sector educativo vuelve así a quedar en el centro de la agenda parlamentaria y política rumbo al cierre del año.
