El presidente Javier Milei derogó el Decreto 2417/93, que desde hace más de tres décadas regulaba los aumentos de matrículas y cuotas en los colegios privados. La medida, publicada en el Boletín Oficial, libera a las instituciones del control estatal y les permite fijar libremente sus precios.
Según el Gobierno, la decisión busca “otorgar mayor flexibilidad” a los establecimientos educativos para ajustar sus valores “en función de la realidad económica y los costos operativos”, sin necesidad de autorización previa.
El texto oficial argumenta que el sistema anterior “limitaba la capacidad de adaptación de los institutos” y generaba incertidumbre, al obligarlos a justificar cada modificación ante el Estado.
La resolución también instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar el Decreto 2542/91 —que rige el financiamiento de la educación pública de gestión privada— con el fin de “adecuarlo a las realidades educativas y económicas actuales”.
Con esta medida, el Gobierno avanza en su política de desregulación y reduce la intervención estatal en el sistema educativo privado.
