Funcionaba sin habilitación y fue denunciada por vecinos y autoridades. Aunque fue clausurada, sigue alojando a personas bajo custodia del Servicio Penitenciario, mientras avanza un proceso judicial de desalojo.
La Granja Terapéutica que originalmente operaba en Bragado bajo el nombre "Vencer para Vivir" y luego fue rebautizada como "Hasta el Último Día", fue trasladada a la ciudad de Chivilcoy, donde fue clausurada por presuntas irregularidades. Sin embargo, el predio continúa operativo bajo custodia policial, mientras se desarrolla un proceso judicial de desalojo.
La periodista Valeria Tronge, brindó detalles del caso. El centro se había instalado a finales de enero en un predio de la zona de quintas de Chivilcoy, con un acto de presentación realizado el 14 de febrero. Aunque comenzó a funcionar como centro de rehabilitación, no contaba con habilitación oficial y fue denunciado por operar de manera clandestina.
El responsable del lugar era Julián Coronel, quien había completado su propio proceso de recuperación y se involucró en la coordinación del proyecto. Durante las primeras semanas, quien tomó visibilidad en medios y en la comunidad fue Pablo Alonso, referente de la ONG Comenzar Nueva Vida, que trabaja con grupos de adictos y familiares. Sin embargo, hace aproximadamente tres semanas, Alonso se desvinculó del emprendimiento y comunicó públicamente que ya no formaba parte del proyecto.
La situación despertó alarma en la comunidad. Más de 100 vecinos firmaron una nota en rechazo al funcionamiento del lugar, y el secretario de Seguridad de Chivilcoy se presentó ante la Justicia para denunciar varias irregularidades. Entre las principales preocupaciones, se mencionó la precariedad de las instalaciones y la ausencia de personal de salud, como enfermeros o técnicos especializados.
A pesar de la clausura oficial, el lugar continúa ocupado. En el predio aún residen al menos nueve personas que están bajo la órbita del Servicio Penitenciario, y forman parte del Patronato de Liberados. De ellas, siete utilizan tobillera electrónica. El traslado de estas personas fue realizado a través del Servicio Penitenciario Bonaerense, y su permanencia en el lugar implica una responsabilidad institucional que impide el desalojo inmediato. Por ello, el juez a cargo del caso resolvió que el procedimiento se lleve a cabo en el marco de un proceso judicial progresivo.
Durante una recorrida, Valeria detalló que se observó que el predio presenta cierto grado de avance: un salón de usos múltiples terminado, una cocina equipada y al menos tres dormitorios amplios —a los cuales no se permitió el ingreso, aunque se describieron como precarios—. No se detectó presencia de sala administrativa ni de personal profesional al momento de la visita.
Señaló que uno de los aspectos más complejos es la falta de alternativas para las familias. “En conversación con allegados de los internados, muchos dijeron estar al tanto de las condiciones del lugar, pero su desesperación era mayor. No tienen otros espacios a dónde llevar a sus seres queridos”, expresó.
El caso deja al descubierto la urgente necesidad de garantizar centros de rehabilitación seguros, habilitados y con personal profesional, en un contexto donde el consumo problemático de sustancias crece y las respuestas del Estado aún resultan insuficientes.
Fuente: Bragado TV.
