El Estado nacional tiene congelada la actualización de impuestos a los combustibles de 24 meses. De regularizarse, los surtidores registrarían una suba inédita de precios.
La maniobra del Estado nacional para evitar mayores aumentos en el precio de la nafta y gasoil generó una bola de nieve de impuestos atrasados y no solo son imposibles de trasladar a los surtidores, sino que vuelven a poner en discusión la normativa actual. Por decreto, está pactado que se descongelen en noviembre y el incremento sería de un 258% en el valor de la carga impositiva.
Desde que el gobierno lanzó el primer acuerdo de precios justos para los combustibles, la nafta y el gasoil se incrementaron ocho veces consecutivas, de las cuales siete fueron este año. Sin embargo, la última actualización de impuestos se realizó en octubre del año pasado e, incluso, ya había atraso acumulado.
Hoy el atraso es de ocho trimestres, es decir, de 24 meses. Está congelada la actualización de impuestos desde el tercer trimestre de 2021, todo el 2022 y se llegará a noviembre con los primeros dos de 2023. Esto sin contar que en noviembre estará en fecha la suba del tercer trimestre de este año, que probablemente se sume a la cola.
Cada vez que se actualiza la carga impositiva, las productoras de combustibles la trasladan a la demanda. Ante la disparada inflacionaria, el Estado opta por postergarlos en detrimento de la recaudación fiscal. Esta maniobra comenzó durante la administración de Mauricio Macri, pese a que fue en ese período cuando se aplicó la normativa actual.
A nivel general, por cada litro de nafta unos $27,7 son de impuestos y en el caso del gasoil son casi $17,9. De regularizar el atraso tal cual lo fija la normativa actual (ver adelante), los montos de los impuestos deberían incrementarse un 258%. Esto implicaría un aumento promedio sobre las naftas de unos $56 por litro y, en el caso del gasoil, de otros $41.
Las estimaciones se desprenden de un informe de la consultora Economía y Energía (E&E) que lidera Nicolás Arceo. Se utilizaron datos oficiales de la AFIP y de la secretaría de Energía.
Más allá de los montos, que varían según los precios de los surtidores de cada punto del país, lo que sobresale es que se trata de una normativa que no se respeta, pero que de igual manera sus ingresos forman parte de la planificación de los presupuestos nacionales de cada año.
Además, desde noviembre del año pasado hubo aumentos mensuales hasta este mes, y todavía queda uno más que se aplicaría antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Los incrementos respondieron al encarecimiento de los otros componentes que conforman el precio de un litro de nafta y gasoil, como, por ejemplo, el barril de petróleo, los biocombustibles, la devaluación y por la inflación.
Acorde a la normativa vigente, que rige desde 2017, los impuestos a los combustibles deben actualizarse por trimestre, en línea con las variaciones registradas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Nación.
Teniendo en cuenta esto, los porcentajes por trimestre serían así: 9,3% y 10,2% (tercer y cuarto trimestre de 2021) y 16,1 y 17,3% (primer y segundo de 2022), 22% y 17,3% (tercer y cuarto trimestre 2022) y, por último, un 21,7% y 25,4% (estimado) para el primer y segundo trimestre de 2023, respectivamente.
A finales de junio, a través del Decreto 332/2023, se postergó la actualización de impuestos hasta el 1 de noviembre de este año. De esta manera, se llegará a anteúltimo mes del año con julio con ocho trimestres atrasados, más el que debería aplicarse por el período entre julio y septiembre.
