El cronograma marca que estarán vigentes desde junio. Pero las distribuidoras afirman que los incrementos se verán reflejados recién en las facturas que recibirán los usuarios en dos meses.
En la última semana se llevaron a cabo las tres audiencias públicas programadas, donde el Gobierno presentó su plan de incrementos en las tarifas de gas y de electricidad y los criterios que se tomarán en cuenta para decidir una quita de subsidios al 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo. Las audiencias son el paso previo requerido para poder aplicar los nuevos cuadros tarifarios.
Según el cronograma oficial, los nuevos valores y el esquema de segmentación de subsidios tendrán vigencia a partir de junio. Sin embargo, de acuerdo a las información de las empresas distribuidoras, recién se verán reflejados en las facturas que reciben los usuarios en un plazo de al menos de dos meses. Es que una vez publicados los cambios en los cuadros tarifarios, la facturación de los consumos se basa en un ciclo de dos meses que es el período de lectura de los medidores, y se divide en dos pagos.
Los aumentos propuestos para la electricidad en el AMBA fueron de 16,52% para los usuarios sin tarifa social y de 6,88% para los consumidores con tarifa social
Las subas propuestas para la electricidad en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) fueron de 16,52% para los usuarios sin tarifa social y de 6,88% para los consumidores con tarifa social. En tanto, para el servicio de gas en todo el país, los usuarios con tarifa social no tendrán aumentos y las subas proyectadas para el segmento medio van desde 18,5% hasta 25,5%, de acuerdo a las distintas zonas, donde operan distintas empresas distribuidoras.
Por su parte, los clientes de alto poder adquisitivo dejarán de percibir subsidios y pagarán el precio pleno del servicio, que se estima implicará una suba de un 150%. La estimación oficial es que serán 921.778 titulares, en el caso de la energía eléctrica, y 760.600 en el de gas residencial.
Según los datos de la Secretaría de Energía, hoy el Estado cubre más del 75% del costo del gas y de la electricidad que se incluye en las facturas. Lo hace a través de subsidios que surgen de la diferencia entre el precio que pagan los usuarios y el costo de generación o adquisición del suministro.
La propuesta es que comiencen a pagar la tarifa plena los titulares con ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales (unos $313.916 en marzo), tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones de lujo o aeronaves. Para los usuarios del AMBA también se tomarán en cuenta criterios geográficos: dejarán de recibir subsidios quienes vivan en los 13 barrios identificados por el ENRE como de alta capacidad de pago.
Accederán a la tarifa social y mantendrán los niveles de subsidios quienes vivan en los barrios populares identificados por el Renabap; titulares de programas sociales; empleadas doméstica; jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor a dos salarios mínimos; entre otros.
Las empresas distribuidoras de gas destacaron que la puesta en marcha de los ajustes que se aprueben llevará al menos unas ocho semanas. “La segmentación requerirá las modificaciones necesarias en los sistemas informáticos que tendrán un costo no previsto para la compañías”, dijo Daniel Martini, director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), durante la audiencia del jueves pasado.
Según el directivo de la asociación, una de las trabas existentes para determinar la segmentación de la tarifa es las dificultad para comprobar que el nombre del titular de la boleta sea quien realmente recibe el servicio.
Por instrucción del Enargas, las empresas enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usuarios para que regularicen la titularidad, pero aseguran que solo respondió el 2,5% del total.
Claudio Bulacio, representante de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), también alertó por problemas de implementación de la segmentación tarifaria, sobre todo por la información requerida para la vinculación entre el usuario y el titular. “Se requiere adecuar los sistemas comerciales y de facturación de las empresas y este proceso no puede demorar menos de dos meses, 60 días como mínimo”, detalló.
De acuerdo a la información oficial y a las pautas fijadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los próximos aumentos serán los últimos de este año, ya que el tope para todo 2022 es de 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior para los usuarios de tarifa social y de 80% del CVS para el segmento medio de usuarios. Como la variación salarial fue de 53,4%, las tarifas no podrán incrementarse más de 21,4% y 42,7% respectivamente (excepto para los que dejen de recibir subsidios que tendrán aumentos por encima de ese tope).
Para implementar la segmentación se requiere que las empresas distribuidoras, subdistribuidoras, y entes reguladores provean en forma periódica el padrón de suministros residenciales y se comparta esa base de datos con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) para identificar quiénes cumplen con las condiciones para recibir o no subsidios.
Actualmente se detectó que del total de usuarios registrados, 1,2 millones se encuentran fallecidos, más de 37.000 son personas jurídicas y unos 777.000 no registran información sobre su situación socioeconómica.
