El Gobierno dio más detalles de cómo será la segmentación de tarifas; beneficiarios de tarifa social también sufrirán los aumentos
Tras la confirmación del Gobierno de haber avanzado en un acuerdo con el FMI, una de las incertidumbres persistentes era de qué manera se ajustaría el subsidio a las tarifas de energía.
Al respecto, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerrutti, confirmó que se acordó con el Fondo un aumento en los servicios de gas y electricidad con “un esquema de segmentación en tres niveles” de usuarios. Un dato importante es que los incrementos en las tarifas serán para todos los argentinos, incluso aquellos beneficiarios de la “tarifa social”.
De esta forma, así quedó la segmentación: los usuarios de mayor poder adquisitivo dejarán de recibir subsidios al consumo energético (10% de los usuarios); en cuanto a los beneficiarios de la “tarifa social”, el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior; por último, en todo el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.
Cerrutti no explicó como se asignará una categoría a cada usuario ni que parámetros se utilizarán para determinarlo y dijo que eso se resolverá en audiencias públicas.
“Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c), si el Gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto. Para el año 2022, se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario”, señaló la portavoz oficial.
Habiendo alcanzado un acuerdo sobre el aumento en las tarifas, Cerrutti confirmó que la negociación todavía no está cerrada y que se siguen debatiendo otras cuestiones: Esperamos cerrar el entendimiento técnico en las próximas horas, se está discutiendo palabra por palabra y esto es literal”, contó.
En el Gobierno el tiempo los apremia y quieren poder cerrar el acuerdo lo antes posible ya que todavía el mismo debe pasar por el Congreso y ser aprobado por ambas cámaras. Todo esto debe ocurrir antes del 22 de marzo cuando argentina deba afrontar un nuevo vencimiento. De todos modos, en Casa Rosada adelantaron que el eventual incumplimiento de ese plazo no sería un problema si se firma el acuerdo.
“Es una negociación que nos impone impacientes. Hay que tener templanza. Estamos discutiendo con los poderes mas grandes de esta tierra. Esto no se resuelve en cinco minutos. No hay que aflojar para defender punto por punto”, concluyó la portavoz.
