La medida fue tomada por la jueza María Eugenia Bona, ante el pedido de la ex senadora Liliana Negre de Alonso, ferviente detractora de la ley. Luego de Chaco, la provincia puntana es la segunda del país en declarar inconstitucional la Ley 27.610.
A tres meses de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, San Luis se convierte en la segunda provincia en declararla inconstitucional, luego de Chaco que tomó la misma postura durante el mes de enero.
La medida fue tomada por la jueza María Eugenia Bona, ante el pedido de la ex senadora Liliana Negre de Alonso, ferviente detractora de la ley. Gracias a dicha decisión, la provincia puntana es la segunda del país en declarar inconstitucional la ley del aborto seguro, legal y gratuito.
En esa línea, la magistrada concluyó que la ley 27.610 aprobada en diciembre del 2020 va en contra del artículo 19 del Código Civil y Comercial “que reconoce la existencia de la persona humana desde la concepción”, del artículo 27 de la Convención de Viena y a los artículos 1 y 4 de la Convención de los Derechos Humanos.
En el dictamen, señaló que actuó conforme al “artículo 27 de la Convención de Viena, artículos 1 y 4 de la Convención de los Derechos Humanos, (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 1, 2 y 3 CDN, artículo 75 inciso 22 CN, artículos 49 y 210 Constitución de la Provincia de San Luis y jurisprudencia citada, artículo 75 inciso 23 CN”.
De acuerdo a dichos fundamentos, Negre de Alonso presentó una declaración de certeza para que se prohíba en San Luis “la práctica quirúrgica, clínica o medicamentosa del aborto, salvo en las causales contempladas en los incisos a (embarazo resultado de una violación) y b (peligro la vida o la salud integral de la persona gestante) del artículo 4 de la Ley 27.610″.
Por su parte, la Fiscalía de Estado consideró que “la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es referida a la salud pública y se dicta dentro del marco de los compromisos del Estado argentino en esta materia y derechos humanos de las mujeres”. Además, advirtió que es “una ley de orden público y de aplicación obligatoria” en todo el país.
