16 junio 2021

Jujuy, en emergencia por los femicidios


La provincia registró en 2020 el doble de casos que el año anterior.

Sábado, 2 de enero de 2021.

Una comitiva conformada íntegramente por mujeres del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) viajaba, hace 16 años, rumbo al estado de Chihuahua, en México. En ese lugar, particularmente en Ciudad Juárez, estaban puestos los ojos de los principales organismos internacionales de derechos humanos. Algo muy grave, enquistado en el tejido social, estaba sucediendo: entre 1993 y 2008, se contaban 500 mujeres desaparecidas.

 

Si los cuerpos aparecían, lo hacían mutilados y con signos de abuso sexual. En 2004, la mayoría de los casos no se habían resuelto. Muchos restos continuaban sin identificarse. Las causas: irregularidades en las investigaciones policiales y judiciales y, también, en los procedimientos forenses. Debajo de la superficie de actas mal hechas o pistas mal recolectadas se escondía la misma razón por la que esas mujeres habían sido asesinadas y descartadas en algún descampado: una gruesa capa de machismo y violencia de género que se volvía a replicar sobre los cadáveres.

Un campo algodonero, ubicado en las cercanías a la ciudad fronteriza, se convirtió en emblema del fenómeno que arrasaba con las identidades femeninas. En ese lugar se encontraron, el 6 de noviembre de 2001, los cuerpos de ocho mujeres. El trabajo de la misión del EAAF en el territorio permitió confirmar los graves errores que habían cometido autoridades y funcionarios.

Con el informe forense del equipo argentino, la Corte Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) condenó en 2009 al Estado mexicano por una larga lista de “pifies” que incluyen la fabricación de culpables, la asignación arbitraria de nombres a los cuerpos y su entrega sin identificación.

Todo esto en un contexto de frontera, tierra fértil para el crimen organizado: la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico son moneda corriente en un sitio repleto de pasos ilegales. Un escenario geográfico similar al que se da en Jujuy, al límite con Bolivia, uno de los principales países productores de cocaína.

Aunque el número había disminuido en los últimos años, en esa provincia ubicada al norte de la Argentina, los femicidios resurgieron con voracidad en 2020 hasta duplicar, desde enero a octubre, la cifra de 2019.

 La provincia del norte argentino, con unos 780 mil habitantes, guarda otra similitud con Juárez y es un susurro que emerge detrás de los números que cuentan las mujeres asesinadas y desaparecidas por estas latitudes: la inacción o ineficacia de las autoridades a la hora de investigar y prevenir crímenes salpicados por la violencia de género, según denuncian familiares de víctimas y organizaciones feministas.

En México, fueron las madres de Ciudad Juárez las impulsoras del movimiento que atrajo la mirada del mundo. En Jujuy “los padres del dolor” lideraron reclamos masivos, no solo para pedir justicia por sus hijas, si no también para exigir que se investiguen irregularidades en las búsquedas y en el trabajo de las autoridades.

A raíz de los energéticos reclamos, el 29 de octubre, la legislatura provincial sancionó la Ley de Emergencia en Violencia de Género. Estará en vigencia por dos años y buscará bajar el número de femicidios y proteger -con carácter urgente- a las jujeñas.