La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pidió a sus legisladores acelerar el tratamiento de un proyecto de extinción de dominio para la provincia, que permitiría el decomiso de bienes producto de ilícitos investigados por la Justicia penal provincial.
Jueves 28 de marzo de 2019.
La mandataria participó hoy de una reunión de seguimiento parlamentario con legisladores de Cambiemos y autoridades parlamentarias. Entre otros temas, pidió puntualmente apurar el tratamiento de un proyecto del Ejecutivo que modificar el Código de Procedimiento Penal bonaerense, habilitando la posibilidad de decomisar bienes que hayan sido obtenidos ilícitamente, o que fueran utilizados para cometer un delito.
El 1° de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, Vidal reclamó a los legisladores avanzar con esa iniciativa. En ese marco, fuentes parlamentarias señalaron a DIB que el expediente está siendo tramitado en la comisión de Seguridad del Senado, que conduce Marcelo Pacífico (Cambiemos), y que la semana que viene podría darle despacho para que sea tratado en la sesión prevista para el 11 de abril.
Desde el oficialismo aseguran que existe un “amplio consenso” para avanzar con el proyecto pedido por Vidal, pero la negociación con la oposición se empantanó en el punto sobre el destino de los bienes decomisados.
El proyecto oficial modifica el Código Procesal Penal y habilita a los jueces a ordenar el decomiso de todo tipo de bienes que hayan sido obtenidos producto de un ilícito o que se hayan utilizado para cometer un delito.
La iniciativa es una suerte de correlato bonaerense del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado por el presidente Mauricio Macri luego de que fracasara el tratamiento de una ley similar en el Congreso. A diferencia de la norma nacional, que establece que el procedimiento se ejecute por la vía civil, el proyecto provincial lo deja en la órbita del fuero penal.
Además, el proyecto del Ejecutivo bonaerense incorpora una cláusula que establece un plazo para reclamar bienes secuestrados en operativos policiales y judiciales. Cumplido ese trámite, el Estado podrá disponer de ellos sin derecho a reclamo. (DIB)
