El Frente Renovador presentó un proyecto que está en las comisiones de la Cámara de diputados bonaerense desde hace meses. El bloque de Unidad Ciudadana prepara una nueva propuesta, y Cambiemos no parece tener intenciones de habilitar el debate.
Domingo, 22 de julio de 2018
La oposición en Diputados busca poner en agenda la discusión de dos cuestionados negocios millonarios que se encuentran en manos privadas en la provincia. Se trata de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el grabado de autopartes.
Si bien todavía no hay consenso en la forma, bloques de la oposición ya presentaron iniciativas que buscan debatir dos ejes centrales: cómo reducir los elevados costos que pagan los bonaerenses y de qué manera mejorar el servicio.
Los caminos son contrapuestos pero coindicen en el agotamiento del sistema actual. ¿Liberar o estatizar? Mientras que desde el massismo plantean la apertura del mercado, en el kirchnerismo se inclinan por la conformación de una empresa estatal.
Un sistema “monopólico, exclusivo y excluyente”
El diputado de Saladillo Ricardo Lissalde presentó a comienzos del año pasado un proyecto que todavía duerme en comisiones que preside el oficialismo. El objetivo que propone es “salir” de un sistema que califica como “monopólico, exclusivo y excluyente”.
“Nos parece que las concesiones que arrancaron con el modelo Duhaldista de hace 20 años, cumplieron una etapa. Eso fue repartirse el parque automotor entre varios amigos para mantener a los ciudadanos cautivos. No se tuvo en cuanta al usuario y se priorizó el concedente”, detalló Lissalde al portal Diputados Bonaerenses.
La intención es abrir el mercado para facilitar el ingreso de nuevos actores privados -cualquier tallerista que cumpla con los requisitos impuestos por la normativa – para lograr una mayor inmediatez entre el titular y la planta, alcanzar un mayor nivel de cobertura territorial y bajar los elevados costos que se pagan en la actualidad.
“Al usuario necesitamos darle la tarifa más barata posible, que los talleres queden cerca y que deje de ser un mercado monopólico. La primera finalidad tiene que ser el usuario y no los concesionarios. La actividad no es menos compleja que poner una clínica”, amplió el diputado massista.
El texto durmió todo el 2017 en la Comisión de Servicios Públicos, que preside César Torres, por eso Lissalde pidió el pase a Transporte con “pronto despacho”, también en manos de otro legislador de Cambiemos, el necochense Martín Domínguez Yelpo. En paralelo, pidió hace siete meses una audiencia con el Subsecretario de Trasporte de la Provincia, Mariano Campos, la cual nunca fue respondida.
“Todavía duerme en el pasillo de los justos. No podemos no debatir el tema, estamos con los contratos vencidos, eso beneficia a los concesionarios con la prórroga de hecho. Es ridículo que estemos cautivos. Los usuarios sienten que le están robando la plata y no que están más seguros”, cuestionó.
Estatizar para invertir en un plan de desarrollo de rutas
El otro antecedente legislativo es un proyecto de declaración del diputado kirchnerista Walter Abarca, presentado en 2015 y aprobado en la Cámara baja a finales del año pasado. El texto insta al Ejecutivo provincial a que “analice la posibilidad de prestar de manera directa el servicio”.
En sus fundamentos, remarca que “actualmente no hay una planificación ni avances en la mejora del servicio, tampoco se realizan inversiones en instalación de nuevas plantas que se traduzcan en reducción de distancia, tiempo y costos”. Según el propio Abarca la idea fue valorada por el oficialismo pero finalmente no prosperó.
Ahora, el diputado también de Saladillo, trabaja en la redacción de un proyecto de ley que contemple esa idea. Según informó a Diputados Bonaerenses, ya contaría con el respaldo de una decena de intendentes peronistas que miran con preocupación las quejas de los vecinos por el servicio.
La idea es simple pero se presentan diferentes interrogantes a la hora de su implementación. “Se pueden estatizar los dos servicios creando una empresa estatal. Todos esos recursos centralizarlos en los municipios y que sean ellos los encargados de brindarlos”, precisó Abarca.
Como ejemplo de modelo exitoso de gestión estatal el diputado kirchnerista pone a BAGSA. Creada en 2006, la distribuidora de gas de la Provincia presta servicios en 27 distritos bonaerenses. Por estas horas, exploran la conformación que tendría la empresa para determinar si las comunas participarían o no.
“La idea central es que lo recaudado vaya a un fondo fiduciario vial, para que con ese flujo de fondos se pueda endeudar, para poner en marcha un plan de desarrollo de rutas en la provincia de Buenos Aires. Repavimentar, como hacer más rutas nuevas”, explicó Abarca.
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