28 septiembre 2021

VIOLENTOS FUERA DEL ESTADO?


Los bloques del PJ-Cumplir de la ciudad de Chivilcoy presentaron en las últimas horas un proyecto de Ordenanza en conjunto para que personas que hayan sido denunciadas por violencia de género y deudores de cuotas alimentarias se vean inhabilitados para acceder a cargos públicos a nivel local.

Martes, 12 de junio de 2018

“El proyecto se crea con el objetivo de otorgar una herramienta más a las mujeres víctimas de violencia, ya que muchas veces quedan enmudecidas frente a la impunidad ejercida por la condición de poder que estos hombres ocupan en la escala social pública de nuestra ciudad”, expresaron desde Unidad Ciudadana, bancada que está representada en el Concejo Deliberante por Fernando Poggio y Constanza Alonso.

“Este momento histórico que atraviesa la Argentina amerita que aquellos que accedan a funciones públicas, puedan dar cuenta de su compromiso con este punto medular para el interés general que es la no violencia contra las mujeres. Desde de nuestro espacio asumimos el compromiso de construir una agenda de género que promueva la protección y la promoción de los derechos de la mujeres y esta es una iniciativa más en esta línea”, agregaron, según publicó el diario local La Razón.

Por su parte, desde el PJ-CUMPLIR añadieron: “a partir del 2015, con el estallido que significó el Ni Una Menos, se ha logrado ir visibilizando en Argentina la extrema violencia padecida por las mujeres, casos que vemos todos los días y que terminan engrosando las elevadísimas estadísticas de femicidios en el país. Este punto de partida nos obliga a redoblar los esfuerzos de todos los espacios comprometidos para buscar alternativas institucionales y efectivas para seguir creando consciencia pero por sobre todo para erradicar las violencias contra las mujeres en todos los planos de la vida privada o pública”.

Respecto a su implementación, los autores precisaron que, en caso de ser aprobada, la iniciativa establece que tanto los funcionarios del Departamento Ejecutivo como los concejales deberán presentar un anexo en sus Declaraciones Juradas referido a esta cuestión y deberán impulsarse desde la oficina de Personal Municipal las acciones de control pertinentes. Se estima que el proyecto se pondrá en discusión el próximo jueves.

 


Crédito: La Razón