Martes 2 de agosto de 2016.
“Estamos trabajando por la estatización de los corredores viales que van a la Costa y el traspaso a Autopistas Buenos Aires (Aubasa), con la prioridad puesta en las obras de las rutas 2 y 11”, confirmó la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, durante una visita a la ciudad de Ranchos, donde participó de la entrega de 25 viviendas del programa Buenos Aires Hogar.
De esa manera, la mandataria bonaerense confirmó sus intenciones de rescindir el convenio con la Unión Transitoria de Empresas Autovías del Mar (Aumar), de cuyo 20% es accionista el zar del juego en la era K, Cristóbal López, además del Grupo Roggio, Helport (Eduardo Eurnekian) y Esuco -del extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner-.
Tal como hemos informado desde las páginas de Hoy, el ingreso de López -que entre sus pesadas denuncias enfrenta una por la evasión de más de $8.000 millones, posibilitada por el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray-, al negocio vial fue posible gracias a la presión existente del kirchnerismo, ya que al ser dueño de medios de comunicación el empresario estaba inhibido de poseer más del 10% de una firma concesionaria de un servicio público, y el peaje, según jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, es un servicio público.
La decisión de la gobernadora estaría justificada tanto en desbaratar este negociado como en el malestar existente por la falta de inversiones de la concesionaria vial. Por la rescisión, la Provincia no debería abonar de forma directa ningún resarcimiento económico, pero sí encargarle a Aumar la realización de las obras que se habían trazado para las rutas, como el doble carril en la ruta 11 y repavimentación, entre otras. Esto es porque en 2011 el sciolismo acordó con la empresa un contrato de explotación por 30 años, hasta 2041.
Hoy, la intención de Vidal es que en el verano la gente advierta los trabajos a la vera de las rutas. De esta manera, garantiza que no habrá suba de peajes hasta que no se concreten las mejoras. Es decir, que nadie pague un cheque en blanco por obras no realizadas.
