Domingo 12 de abril de 2014.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió denegar el planteo del Ejecutivo provincial para trasladar al ámbito nacional la controversia por el “tarifazo” aplicado en 2012 por la empresa Absa. De esa manera, el Tribunal dejó firme el fallo que declara la nulidad del decreto que estableció ese aumento en las boletas del servicio de agua y que ordena a la Provincia devolver en futuras facturaciones las sumas abonadas por los usuarios.
La resolución de la Corte bonaerense fue adoptada por mayoría, con el voto en disidencia de Eduardo de Lázzari. Y pone fin a una larga controversia legal desatada en 2012, luego de que Absa dispusiera un aumento de hasta el 180 por ciento que motivó la presentación de un recurso de amparo avalado en primera instancia por la Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata, aunque después un fallo de Cámara dejó firme el “tarifazo”.
En ese marco, la Suprema Corte bonaerense tuvo una primera intervención ratificando el fallo de primera instancia. Por eso, el Ejecutivo provincial a través de la Fiscalía de Estado presentó un recurso federal para que la controversia pase a órbita de la Corte Suprema de Nación, que ahora fue rechazado por el máximo tribunal bonaerense.
En la resolución, que tomó estado público ayer, la Suprema Corte provincial rechazó la petición del Ejecutivo al considerar “que las cuestiones resueltas en el pronunciamiento en embate se relacionan con el derecho local, son de apreciación exclusiva y propia de este Tribunal y por lo tanto ajenas a la instancia extraordinaria”.
Con este pronunciamiento, la Corte provincial clausura una vía de reclamo y deja firme el fallo que dictó el 10 de diciembre del año pasado y que ordena devolver a los usuarios todos los montos que se pagaron cuando se aumentó la tarifa por decreto 245/12. Ahora, el juez que resolvió en primera instancia, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Arias, deberá resolver el mecanismo por el cual Absa devolverá esos importes.
Según los cálculos, en función de este fallo la empresa que presta servicio de agua corriente debería devolver una suma total del orden de los 1.800 millones de pesos, una cifra muy superior a su facturación total de 2014.
