El paro nacional de este jueves impactará fuertemente en la provincia de Buenos Aires: no habrá clases y se resentirá la atención en hospitales públicos y la administración pública.
“Desde las organizaciones gremiales repudiamos todo tipo de accionar que atente contra los derechos de las y los trabajadoras/es. Por tal motivo apoyamos los reclamos del pueblo jujeño”, indicaron los sindicatos bonaerenses FEB, Suteba, AMET y Udocba, quienes se sumarán a la medida de fuerza impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera). Por el momento, los maestros privados enrolados en Sadop se declararon en estado de alerta pero no convocaron al paro.
En sintonía con el reclamo de los docentes bonaerenses, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también se sumó al paro para exigirle al gobernador Morales que ponga fin a la represión contra los trabajadores que piden mejoras salariales y se oponen a la reforma constitucional aprobada la semana pasada. De esta manera, las escuelas no contarán el jueves con docentes ni con personal auxiliar nucleado en ATE, por lo que el paro será total.
Asimismo, los médicos nucleados en Cicop anunciaron que se plegarán a la medida de fuerza, lo que impactará en la atención en los hospitales públicos del territorio bonaerense. Esta protesta se enmarca en el pedido que elevó la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud.
Más allá del paro de los estatales enrolados en Ate que afectará la atención en la administración pública, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma son otros de los gremios que participarán de la jornada de lucha con una marcha a la Casa de Jujuy en Buenos Aires.
El anuncio de los gremios tiene lugar luego de días de represión policial en Jujuy, la más violenta sobre la ruta nacional 9 cerca de la localidad de Purmamarca, que dejó al menos diez heridos de bala, lesionados y más de 40 detenidos.
Los cortes en la provincia están siendo sostenidos centralmente por comunidades de los pueblos originarios, que en medio del avance de la extracción de litio, se encontraron con que un artículo de la Constitución reformada impulsa el desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad. Si bien son pobladores ancestrales, el 90% de las comunidades carece de esos títulos.
Otro artículo de la nueva Constitución prohíbe el derecho a la protesta, lo que ha generado que docentes, gremios estatales y movimientos sociales se mantengan movilizados, adhiriendo a los cortes de ruta y preparando nuevas medidas para expresar su rechazo a la carta magna.
