El titular de la Defensoría bonaerense, Guido Lorenzino, recordó que "la intención de la empresa va en contra de la ley provincial" y consideró que su desembarco en territorio bonaerense es "claramente ilegal".
Sábado 8 de febrero de 2020.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires solicitó a la Corte Suprema de Justicia que emita una sentencia sobre el caso Farmacity, que en 2018 suscitó la polémica por querer desembarcar en territorio bonaerense. Según el organismo que dirige Guido Lorenzino, es necesaria la resolución del máximo tribunal para que la empresa se ajuste a la ley.
En la Defensoría entienden que la Corte debería acelerar el trámite del expediente, ya que los jueces los poseen desde agosto de 2017. Farmacity es una sociedad anónima y la ley provincial prohíbe que dichas sociedades presten servicios farmacéuticos en el ámbito bonaerense.
En ese sentido, Lorenzino expresó que “la intención de la empresa va en contra de la ley provincial que regula a las farmacias, que sostiene que e servicio que brindan debe ser de utilidad pública”.
Hicimos un pedido formal a la Corte Suprema para que emita una sentencia en este caso, que ya lleva más de dos años, y haya una definición lo más rápido posible.
Cabe recordar que a comienzos de 2018, la Procuración General de la Nación emitió un fallo en el que consideró inconstitucional la ley provincial que le prohíbe a las sociedades anónimas brindar el servicio de farmacia en la provincia de Buenos Aires.
El dictamen despertó las sospechas del peronismo – en aquel momento oposición – porque uno de los principales accionistas de Farmacity era el vicejefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri, Mario Quintana.
Este hecho motivó una ley que impulsó el massismo en la Legislatura bonaerense en la que se estableció que lo expuesto en la ley de farmacias “tiene carácter taxativo”. Además, el caso llegó a la Corte Suprema, donde ya se realizaron audiencias durante 2019.
Sin embargo, el máximo tribunal aún no emitió un fallo. En ese contexto, Guido Lorenzino pidió a la Corte que “defina este caso” porque consideró que “está en juego el derecho a la salud de los bonaerenses”.
