La Defensoría del Pueblo bonaerense reclamó modificaciones en las leyes para evitar la persecución de los consumidores de cannabis, al alertar sobre la gran cantidad de procesos judiciales iniciados contra quienes son detenidos con pequeñas dosis para uso personal como aquellos que realizan el autocultivo del producto.
Martes 28 de enero de 2020.
La posición del organismo que conduce Guido Lorenzino se apoya en un informe realizado por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, que detalla el impacto de la multiplicación en los últimos dos años de denuncias que señalan requisas y aprehensiones arbitrarias en la vía pública y posteriores traslados a dependencias policiales por tenencia de estupefacientes para consumo personal.
Según el trabajo, casi la totalidad de los procedimientos se realizaron en la vía pública y fueron víctimas jóvenes que, por su apariencia física, aspecto o vestimenta, habrían sido sometidos a interceptaciones, cacheos y requisas personales, cuyo resultado fue el secuestro de ínfimas cantidades de sustancias, principalmente marihuana, que estaban destinadas al consumo personal en ámbitos privados.
Las últimas estadísticas disponibles del Ministerio Público bonaerense señalan que la judicialización pegó un salto en 2018: casi el 29 por ciento del total de causas por violación de la Ley de Estupefacientes se iniciaron por tenencia para consumo personal. Hubo 6.634 causas más en toda la Provincia respecto a 2017, y en total se llevaron adelante 18.327 Instrucciones Penales Preparatorias (IPP), para lo cual se tuvieron que destinar recursos humanos y económicos del Poder Judicial y de las fuerzas policiales.
Este último punto también se destaca en el informe: si se tiene en cuenta el cálculo realizado por el juez de Necochea y presidente de la Asociación de Pensamiento Penal, Mario Juliano, la tramitación de cada una de estas causas le genera al Estado un costo no inferior a los 10 mil pesos. Por lo tanto, si sólo se toma como referencia la cantidad de causas registradas en 2018 por tenencia para consumo, el gasto anual ascendería a los 183 millones de pesos.
“La necesidad del poder político de mostrar mejores estadísticas y los resultados de los procedimientos policiales, terminaron por vulnerar los derechos de cientos de personas”, sostuvo Martello.
En ese sentido, la Defensoría planteó una serie de propuestas para revertir esta realidad. En primer lugar, modificar la Ley de Estupefacientes, una norma de 1989, para evitar la persecución judicial de usuarios y cultivadores, incluyendo en el debate los puntos de vista de los consumidores.
